Hacia la implementación

En dos días, y luego de múltiples consideraciones y conceptos sobre la legalidad de que el Congreso de la República tuviera o no la capacidad para hacerlo, el Gobierno logró la refrendación del último acuerdo para terminar el conflicto con las Farc. Según lo establecido, ahora se debe iniciar la etapa de desmovilización que se hará en forma paralela a la implementación de lo acordado.

En dos días, y luego de múltiples consideraciones y conceptos sobre la legalidad de que el Congreso de la República tuviera o no la capacidad para hacerlo, el Gobierno logró la refrendación del último acuerdo para terminar el conflicto con las Farc. Según lo establecido, ahora se debe iniciar la etapa de desmovilización que se hará en forma paralela a la implementación de lo acordado. En otros términos, lo que se ha querido decir es que el acuerdo logrado después del plebiscito y la negociacion subsiguiente ya tiene la validez para empezar su aplicación. Esa se la otorgó el voto del 78% del Congreso, 275 congresistas pertenecientes a las bancadas de los partidos y movimientos que forman la coalición gobiernista sumados a los partidos de izquierda que respaldan el documento firmado en el Teatro Colón de Bogotá. Por fuera quedaron los partidos y movimientos que respaldaron el No que obtuvo la votación más alta en el plebiscito del pasado dos de octubre. Ellos, el 22% restante, no votaron al creer que el Legislativo no tenía la facultad de aprobar o improbar un acuerdo con cualquier grupo armado, atribución esta que consideran del exclusivo resorte del jefe del poder Ejecutivo y del Estado. Por eso, 60 de sus integrantes se abstuvieron de emitir su voto. En los debates que tuvieron lugar durante dos días en el Senado y en la Cámara de Representantes se escucharon a congresistas, representantes de sectores sociales y políticos de uno y otro lado, y a los voceros y negociadores del Acuerdo. Fue un evento mediante el cual se cumplió el trámite definido por el Gobierno para dar paso a la nueva etapa, la de la aplicación de lo acordado y el consecuente final de las Farc como movimiento armado y su incorporación a la vida institucional.La siguiente fase debe ser la instalación de los integrantes del grupo guerrillero en las zonas de concentración previamente definidas, las cuales tendrán la vigilancia y el aval de los países garantes y de los delegados de la Organización de Naciones Unidas. Así mismo, se iniciará el proceso para crear, modificar o reemplazar las normas que se requieren para la aplicación del acuerdo del Teatro Colón que sustituyó al de La Habana, entre los que tiene papel preponderante la creación del Tribunal encargado de ejecutar la Justicia Especial para la Paz. Es de esperar que la Corte Constitucional se pronuncie con rapidez sobre la posibilidad de aplicar el proceso abreviado y las facultades especiales al Presidente de la República, incluidos en el Acto Legislativo para la Paz. De no tener claro el método a utilizar, deberán aplicarse las normas de la Constitución que establecen los procedimientos normales para el efecto. En cualquier caso, se espera que las partes de la negociación se armen de paciencia, crean en la buena fe, y le den al trámite la tolerancia y paciencia que requiere. Entendiendo la urgencia, es claro que con ello se evitarán riesgos como la pérdida de confianza de los colombianos en las instituciones que se creen en desarrollo del Acuerdo final.