El dilema de los precios

Los precios de la energía y de los combustibles son dos asuntos que requieren la actuación urgente y ojalá prudente del Gobierno Nacional y de las entidades que participan en su conformación, para atender dos situaciones opuestas.

El costo de la energía es hoy uno de los factores de peso en la inflación que afecta la canasta familiar. Su valor, que se calcula mediante una compleja fórmula y es fijado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, está influido por el índice de precios del productor, en el cual se tienen en cuenta aspectos como la guerra en Ucrania y el comportamiento de los mercados del gas o del carbón a nivel internacional.

De ahí que la Creg haya autorizado el alza que hoy tiene alarmados y reclamando a todos los colombianos, empezando por el presidente de la República, mientras los generadores y los distribuidores aplican las recomendaciones de la entidad creada para manejar el sector desde el Estado. Lo que tiene solución si se adecúa ese concepto a la manera en que se produce energía en Colombia y no se sigue amarrando a elementos exógenos que no necesariamente intervienen en la generación, distribución y comercialización en nuestro país.

Lo cual quiere decir que se puede llegar a unas tarifas acordes con las realidades nacionales, más aún, en momentos en que la inflación es el gran enemigo del ingreso de los colombianos y está afectando a todos los sectores de la producción. En otros términos, ese cambio permitiría reducir de manera sensible el costo de la electricidad sin tener que llegar a intervenir la Creg o a liquidarla, como se ha insinuado, lo que además de ilegal pondría en riesgo la confianza en una entidad que ha cumplido su labor en los últimos 30 años.

El otro asunto es el precio de los combustibles y el subsidio que debe asumir el Estado. Sin conocerse a ciencia cierta cuál es el tamaño de ese auxilio y cuánto debe transferir el Estado al fondo de estabilización, se sabe que ese subsidio está afectando gravemente el déficit fiscal. Y aunque se justifica la decisión del anterior gobierno de mantener precios bajos en los combustibles para proteger un bien mayor, como era en su momento la reactivación de la economía nacional afectada por la parálisis de dos años, así como la necesidad de no acelerar la inflación, hoy esa situación parece insostenible.

Por lo tanto, el gobierno nacional deberá tomar una decisión sobre el precio de los combustibles, basado en la imposibilidad de seguir subsidiándolo, debido al impacto que tiene en las finanzas nacionales. De cuánto será el alza y cómo se aplicará, lo decidirá el presidente Gustavo Petro en las próximas semanas, reconociendo además que al precio final de ellos debe sumársele una cifra cercana al 30 % en impuestos que deben pagar los consumidores.

Así, la baja en los precios de la energía que responda a los reclamos de los colombianos y el alza en el precio de los combustibles para enfrentar los problemas fiscales derivados del subsidio serán el desafío inmediato del gobierno nacional. Para ello se requiere tomar decisiones que eviten consecuencias indeseadas.