Efectos adversos

Las Gobiernos regionales están en su derecho de protestar por la disminución en sus rentas como resultado de la fórmula aplicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, para calcular la base gravable del consumo de licor. Si los entes territoriales perciben menos ingresos por esos impuestos, significa que se reducirán los recursos para hacer inversión social.

El aviso sobre cómo afectarían a las rentas departamentales los cambios introducidos con la Ley 1816 del 2016, que modificó las disposiciones del régimen de monopolio rentístico de licores, se comenzó a hacer el año pasado cuando la norma entró en vigencia. Según representantes de las 31 Gobernaciones, desde entonces se han buscado escenarios de concertación con el Dane para que sus requerimientos sean escuchados, pero ante la negativa de esa entidad, y lo que consideran “un trato desobligante e irrespetuoso”, decidieron elevar su protesta al Presidente de la República para que se corrija la manera en que hoy se certifican los precios de los licores.

Sólo así se evitaría el efecto adverso que la norma tiene en sus finanzas y que afecta los rubros destinados a atender necesidades apremiantes de sus regiones. El Valle, que ha sido el primer departamento en anunciar una demanda contra la fórmula establecida, dejará de percibir este año por ese concepto cerca de $25.000 millones. Eso significa un 12% menos del presupuesto que se destinaría a cubrir el régimen subsidiado en salud, financiar el Programa de Alimentación Escolar, entregar recursos a las universidades públicas y otorgar beneficios al deporte, entre otros.

Son esos programas de inversión social los que justifican que los departamentos colombianos sigan produciendo licores o viviendo de los impuestos que se cobran por vicios como el alcohol, el cigarrillo y los juegos de azar. Si la Constitución Nacional les otorgó ese derecho a las regiones, mal se hace en meterles la mano con artilugios como el concepto del Dane para definir la base gravable del consumo de bebidas alcohólicas.

La solución sería atreverse a cambiar por rentas reales y directas esos monopolios anacrónicos, heredados de la época de la Colonia. Una reforma en ese sentido impediría, por ejemplo, que los impuestos recaudados por dichos conceptos se tengan que girar a la Nación para que después se les devuelvan menguados a los Departamentos desde la Capital, toda vez que es allí donde se concentra el poder de decisión y donde además se queda una tajada importante de esos ingresos, lo que perjudica a la provincia colombiana.

Es ahí donde está el verdadero enemigo de la descentralización administrativa del Estado, esa figura que se ha proclamado a través de la historia pero que no se ha puesto en práctica en toda su dimensión. Mientras persista el centralismo, decisiones como la definición de la base gravable al consumo de licores seguirán tomándose en Bogotá, utilizándose para intervenir con fines políticos o clientelistas en los departamentos e ignorando las necesidades reales que tienen las regiones.
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