De urgencia manifiesta

A raíz de la emergencia ocasionada por el Covid-19, las entidades departamentales y municipales han ampliado de manera importante la contratación directa para atenderla. Frente a ese fenómeno, lo que ahora se reclama es la claridad y la respuesta oportuna de los funcionarios y entidades que así han actuado para que expliquen sus procedimientos.

Cuando se presentan situaciones como las que atravesamos, las leyes tienen excepciones que permiten a los responsables del gasto público usar mecanismos más expeditos y obviar formalidades como las licitaciones para agilizar la respuesta del Estado. Es la demostración de confianza en quienes han sido elegidos para administrar el patrimonio público y, en este caso, ofrecer respuestas rápidas y efectivas.

Pero también los obliga a responder sobre las actuaciones de sus gobiernos que se relacionen con la disposición de los recursos que se les ha confiado. Para ello están figuras como las veedurías ciudadanas e instituciones como el control político que la Constitución le entrega a los concejos municipales. Es pues un sistema de pesos y contra pesos que permite dar transparencia a la actuación oficial, sin que ello afecte la vigilancia que pueden ejercer en cualquier momento la Procuraduría, las contralorías y la Fiscalía General de la Nación.

Esos mecanismos se citan ante casos como los contratos que por más de tres mil novecientos millones de pesos suscribió el Municipio de Cali con un consorcio que causa polémicas en la medida en que uno de sus integrantes es un contratista de obras públicas con graves cuestionamientos. Además, se han presentado argumentos que demuestran un proceso de selección poco claro.

Para responder a esos cuestionamientos, la Secretaria de Bienestar Social ha presentado argumentos que dejan inquietudes. No está claro porqué los mercados comprados en Cali valen $27.820 mientras en Barranquilla costaron $11.520 y en Medellín $6.077, ni porqué se pagan ítems como refrigerios, además de que muchas de esas entregas fueron realizadas con vehículos y personal de la alcaldía.

Esas denuncias fueron respondidas después de un debate en el cual la alianza mayoritaria que respalda en el Concejo al Gobierno Municipal negara a las minorías la posibilidad de realizar debates de control político a esa contratación. Grave que la función más importante de esa corporación se vea limitada por compromisos políticos que demás de repartir la administración pública se transforme en muralla que impida la transparencia y la vigilancia al manejo del patrimonio municipal.

Lo ocurrido es grave y demanda la actuación de las entidades de control, las cuales ya habían pedido explicaciones sobre lo que ha estado sucediendo con esa contratación. Nada puede justificar y va contra la democracia el que tener una mayoría en una corporación que debe velar por la administración de la ciudad lleve a impedir a las minorías el derecho y a la vez el deber de revisar y pedir explicaciones sobre la disposición de los recursos oficiales.

No es pues un asunto que se resuelve con pruebas de polígrafos, más aún cuando se utilizan mecanismos tan delicados como la urgencia manifiesta.