Cuidado con el Presupuesto

Avanza en el Congreso el presupuesto nacional para el 2022, el primero que registra la reactivación de la economía y la aplicación de la reforma tributaria. Será la carta de navegación sobre lo que hará el Estado para enfrentar los desafíos que deja la pandemia en la sociedad, en su economía y en especial en la generación del empleo que necesita reactivar con urgencia.

El proyecto aprobado en primera vuelta es de $350,4 billones, de los cuales $68,2 billones se destinarán a inversión, lo que significa un incremento del 16%, algo que parece tener la lógica que muestra la economía en su expansión. Como de costumbre, los grandes demandantes de recursos serán los gastos de funcionamiento y las transferencias a departamentos y municipios. Debe destacarse también el que se destinen $78 billones al servicio de la deuda, y $51,9 billones al pago de pensiones.

Dentro de esa inversión se destaca la destinada a la inclusión social que crece en el 21%, en especial en programas de subsidios e impulso al emprendimiento como Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Además, se producirán grandes incrementos a rubros como subsidios a la energía y el gas, así como a la construcción de vivienda de interés social, lo cual impulsará lo que debe ser el objetivo más importante de un presupuesto público en momentos de crisis, la generación de puestos de trabajo que empiece a resolver la falta de ingresos en miles de familias.

En general, el presupuesto planteado por el gobierno se enmarca en los cánones tradicionales de lo que debe ser el manejo de los ingresos y egresos del Estado. Sin embargo, incluye dos iniciativas que despiertan polémica y preocupación.

El primero de ellos es un artículo que de ser aprobado permitirá lo que se ha denominado el traslado exprés de quienes cotizan en los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Es decir, una reforma mediante una ley ordinaria de la ley estatutaria de pensiones, lo que significará también una mayor erogación para el presupuesto nacional que subsidie a quienes se cambien de régimen.

El otro artículo cuestionado se refiere a la abolición de un inciso de la ley de garantías que prohíbe a los gobernantes usar el mecanismo de los convenios administrativos para contratar. Si bien la propuesta se inspira en la intención de usar el gasto público para impulsar la economía, de nuevo se trata de reformar con una ley ordinaria una norma de mayor jerarquía.

Pero, además, debe reconocerse que con ello se abre aún más la puerta para que se produzcan los consabidos intentos del clientelismo por favorecer los movimientos y partidos que detentan el poder. Y más grave aún, para que se produzcan las maniobras que en ciudades como Cali están generando la alarma y el rechazo de la ciudadanía cuando esos convenios se usan para burlar los controles y requisitos establecidos en la ley de contratación pública.

Hay pues buenas noticias sobre lo que está haciendo el Estado para impulsar la economía y la recuperación de la sociedad colombiana, pero preocupantes en cuanto a las reformas que se quieren hacer en materia pensional y de contratación. El Congreso tiene la palabra.