Credibilidad y ética

En el momento quizás más crítico de su historia, el fútbol colombiano recibe otro golpe demoledor para su credibilidad, que afecta su posición y su futuro. Es la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio contra dirigentes de la Federación que maneja ese deporte por la manipulación de las entradas a los partidos de la selección Colombia.

Debe reconocerse en primer lugar que el fútbol es una actividad privada en la cual no tiene injerencia el Estado. Pero también es cierto que, además de convocar el interés nacional por ser el deporte con mayor cantidad de seguidores, las entidades rectoras del balompié utilizan el nombre de nuestro país, los símbolos patrios como la bandera y el fervor nacional alrededor de una selección que convoca la unión de los colombianos.

Por ello, lo que ocurra en esas entidades, es decir la Federación y la División Mayor, es de interés público y debe ser manejado con la transparencia y la pulcritud que exige el ser depositarias del nombre de nuestro país. Además de revelar los detalles de los hechos investigados por la Superintendencia que se refieren a un negocio privado en el cual, al parecer, se permitió la manipulación que dio lugar a la reventa de la boletería de entrada a los partidos de la selección, también es necesario que quienes fueron acusados y sancionados le respondan a los colombianos por sus actos.

El fútbol en Colombia está en uno de sus peores momentos, y no solo por los efectos que ha ocasionado la pandemia, obligando a una parálisis que lleva cuatro meses y no se sabe cuándo terminará. Además de los escandalosos episodios vividos por su relación con el narcotráfico en épocas pasadas, desde hace muchos años se sabe de la crisis crónica en la finanza de los clubes y de la falta de transparencia en el manejo de varios de ellos.

También se sabe de los millonarios recursos que se barajan en sus contratos nacionales e internacionales por concepto de derechos de transmisión por televisión y radio, así como los provenientes de publicidad y entradas, en este caso, a los partidos de la selección Colombia. Es consecuencia de estar en una organización, la Fifa, la más poderosa entidad mundial en la cual se pone en juego el buen nombre de sus afiliados, casi todas las organizaciones que dirigen el fútbol.

Al anunciar que dará traslado de su investigación a la Fiscalía, la Superintendencia afirma que la manipulación autorizada por los directivos que sancionó por $18.000 millones impidió la transparencia en la compra de entradas y dio paso a sobrecostos del 380% que beneficiaron a los revendedores y perjudicaron a los aficionados. Esa es una acusación que demanda el pronunciamiento de la Justicia y, si es del caso, los relevos que sean necesarios para impedir su repetición.

El fútbol colombiano está en crisis y necesita transformaciones para recuperar su credibilidad. La primera de ellas debe ser de carácter ético para evitar que los escándalos, los dineros sucios o el manejo de las relaciones con los futbolistas sean los protagonistas diarios. De lo contrario, la ruina moral y económica será inevitable.