Ética

No, no es ilegal. Pero esa línea entre lo legal y lo ético es tan fina que lo mejor es no traspasarla.

Cuando se leen entrevistas como las que este diario les hizo a la Directora de Contratación de la Alcaldía, Alejandra María Puentes, y a la Directora de Mi Cali Contrata Bien, una iniciativa ciudadana que le hace seguimiento a la gestión pública en la ciudad, los caleños deberíamos como menos estar preocupados.

Que el 70% de la contratación del Gobierno Municipal, de cerca de 28.000 procesos, se haga de forma directa, y que a la manera más expedita de realizar obras sea a través de convenios interinstitucionales, son modalidades que dejan dudas, por muy ajustadas a la ley que sean.
Se conoce desde hace años que casi la mitad de quienes realizan funciones en entidades públicas locales son prestadores de servicios a quienes se les renueva cada cierto tiempo su contrato. Pero se ha llegado al extremo, en palabras de la señora Puentes de que por estar las arcas resentidas, ahora esas contrataciones no se hacen por más de tres meses. Cuatro contratos al año para un mismo funcionario...

Quien se siente sin prevención a analizar estos hechos, puede pensar que la gestión de la actual administración municipal es muy pero muy ineficiente, o que se está utilizando esa figura para hacer clientelismo. ¿Se imaginan lo que tienen que sufrir o a qué se deben comprometer esos funcionarios que ven en riesgo cada tres meses su fuente de ingresos? Ahí no hay carrera administrativa que valga, lo único que funciona es tener padrino político.

La práctica no se le puede atribuir al alcalde Jorge Iván Ospina en exclusiva. Cada municipio, departamento, entidad pública en Colombia recurre a esa figura que sin duda sirve para llenar de manera ágil vacantes, y para pagar favores electorales y mantener contentos a concejales, diputados o congresistas a quienes se les asignan ‘cupos’ en las nóminas oficiales o en las paralelas que son los contratos por prestación de servicios.

Lo que sí hay qué reclamarle al Alcalde de Cali es por los contratos o convenios interadministrativos que ha hecho su gobierno, como los 18 firmados con Emcali y por los cuales la Procuraduría requirió a Ospina para dar las explicaciones pertinentes. Ahora además de servicios públicos Emcali organiza eventos, repara calles y quién sabe qué más...

¡Ah! Y no nos olvidemos de la resucitación de Caligen, creada hace 20 años en el papel y que por gracia divina se levantó de entre los muertos, ahora tiene un capital de $5.000 millones y sería el salvamento de Cali Inteligente, el proyecto que se niega a relegar el mandatario caleño pese a las voces en contra, no por la iniciativa en sí, si no por la forma en que se haría la... contratación.

El otro ejemplo es el de la Empresa de Renovación Urbana, Emru, a la que se le pretende ampliar el objeto social para que sea también inmobiliaria, realice obras civiles, participe en licitaciones nacionales e internacionales y así. Como puede contratar bajo las reglas del derecho privado, no tendría que pasar por la maraña de requisitos de las empresas públicas.

Como lo ha dicho la señora Puentes, contratar de forma directa o hacer convenios interadministrativos se ajusta a la ley. Pero nada justifica que en el 70% de los casos se evadan las licitaciones o concursos públicos, que se hicieron para darle transparencia a la administración de los recursos oficiales.

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PD. Y nos faltan las explicaciones de los cuestionados contratos por $485.298 millones de recursos Ocad-Paz entregados al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social -entidad ‘sin ánimo de lucro’, en cuya junta tiene asiento la Gobernación del Valle y al que se le amplió su objeto social en el 2019 para que pudiera hacer de todo.