Un Presupuesto que empeora el déficit

El presupuesto general de la nación (PGN) aprobado para el 2027 va a deteriorar aún más la ya mala situación fiscal del país. Es irresponsable que las comisiones conjuntas del Congreso hayan aprobado el monto propuesto por el Ministro de Hacienda sin ninguna condición o exigencia de ajuste fiscal, así como también es irresponsable que casi cinco meses después de la elección presidencial el país no conozca ninguna propuesta concreta de este ajuste.

El debate de estos días se ha concentrado en la caída del PGN aprobado en las plenarias del Congreso por vicios de trámites atribuibles al descuido del Ministro. Esto implica que se cayeron los cambios de asignaciones entre sectores y regiones que habían sido aprobadas en las plenarias, pero el monto total del PGN sigue siendo el mismo presentado por el gobierno y aprobado en las comisiones conjuntas del Congreso. Y ahí está el problema.

El monto de los gastos de la Nación en 2027, según ese presupuesto, ascenderían a $635 billones, lo cual equivale a un crecimiento del 14,2% respecto del vigente para este año. Es inexplicable y absurdo que el Congreso haya aprobado ese monto, cuando el mismo Congreso el 11 de agosto pasado rechazó y devolvió el proyecto del PGN presentado por el gobierno Petro por un monto menor de $575 billones.

La razón aducida por los parlamentarios para el rechazo del proyecto era que estaba desfinanciado pues solo contemplaba ingresos de $545 billones, lo que dejaba un hueco o brecha de $30 billones (equivalente al 1,4% del PIB). Además, que implicaba un déficit fiscal de 6,7% del PIB y suponía recursos de crédito por $180 billones, lo que llevaría la deuda pública a un nivel cercano al 60% del PIB, rompiendo de nuevo la regla fiscal.

Son argumentos válidos, y en ese momento la decisión fue aplaudida por los medios y analistas como una demostración de la responsabilidad fiscal del legislativo. Pero resulta que ahora aprueban un PGN que aumenta en $60 billones los gastos sin incluir ningún aumento de ingresos corrientes de la nación o sea que ahora está desfinanciado en $ 90 billones, el déficit fiscal llegará a 9,4% del PIB y las necesidades de endeudamiento suben a $280 billones, con lo que la deuda pública llegará a equivaler al 66,2% del PIB.

Todas estas son cifras oficiales incluidas en el PGN y no calumnias de la oposición. Entonces, ¿qué pasó en el Congreso? ¿Doble rasero político, aprobación con mermelada, irresponsabilidad fiscal o todas las anteriores?

Dejando el análisis político para los expertos, la aprobación del nuevo PGN permite algunas conclusiones. Primera, la necesidad ineludible de un ajuste fiscal, no solo porque esos niveles de déficit y deuda pública son insostenibles, sino porque cualquier posibilidad de obtener financiamiento externo con el apoyo del FMI va a estar condicionada a tener una ruta clara y cuantificada de cómo se van a disminuir. La demora del Gobierno en presentar sus estrategias fiscales solo empeora la situación.

Segunda, el tamaño del problema hace imposible que el ajuste se logre solo por la vía de reducir el gasto público, y es ineludible una nueva reforma tributaria que aumente los ingresos de la Nación y los entes territoriales.

La pregunta por resolver: ¿quién va a pagar el costo del ajuste? Es decir, ¿dónde se van a hacer los recortes? ¿quién va a pagar más impuestos?