Petro ilegítimo

Todo está explotándole en las manos al presidente Gustavo Petro. Sin visa a los Estados Unidos, incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro y sin vida financiera —lo que le impide acceder a créditos o usar tarjetas débito en Colombia y en el exterior—, enfrenta hoy las consecuencias de haber permitido que el narcotráfico creciera y se beneficiara bajo la llamada ‘paz total’.

Decenas de narcotraficantes han salido de prisión como ‘gestores de paz’ gracias a solicitudes impulsadas desde su gobierno. A ello se suma la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial por diversos actores, así como posibles esquemas de corrupción en su administración.

Como si lo anterior fuera poco, el Canal Caracol presentó el reportaje sobre ‘los archivos de Calarcá’, en los que se evidencia un maridaje directo entre integrantes del Gobierno y estructuras criminales asociadas a alias Calarcá. La información —que estaba en poder de la Fiscalía hace 16 meses, bajo responsabilidad de una fiscal de Medellín, sin resultados visibles— muestra que el general del Ejército Miguel Huertas y el director de la DNI, Wilmar Mejía, habrían mantenido alianzas con disidencias de las Farc. Allí se mencionan entregas de coordenadas militares para asesinar soldados, depuración de oficiales íntegros y la creación de grupos de “seguridad” que operaban como estructuras paramilitares. En otras palabras, en el gobierno Petro reapareció aquello que tantas veces criticó: una infiltración mafiosa y cobarde del Estado colombiano.

A ello se suma que el Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña ‘Petro Presidente’ por violación de topes electorales en primera y segunda vuelta, por un monto de 5300 millones de pesos. La campaña no reportó el aporte de Fecode, una pauta en Caracol Televisión, aportes de la Unión Patriótica, ni los pagos a testigos electorales. Además, utilizó fuentes prohibidas provenientes de la Unión Sindical Obrera (USO).

La decisión impuso multas por 5922 millones de pesos y compulsó copias para investigar a Petro ante la Comisión de Acusaciones y a Ricardo Roa —gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol— ante la Fiscalía. Los delitos a investigar incluyen financiación con fuentes prohibidas, violación de topes y fraude procesal. Ya existía una investigación previa contra Roa que, en febrero de 2024, desató la furiosa reacción de Petro contra la Fiscalía, incluida su incitación al asedio contra la Corte Suprema para presionar la elección de una nueva fiscal general.

Este panorama obliga a recordar la advertencia del profesor Juan J. Linz en Democracia: régimen, crisis y cambio (1987), donde distingue entre legitimidad de origen, referida a cómo se accede al poder, y legitimidad de ejercicio, relativa a cómo se gobierna. En el caso de Petro, su legitimidad de origen está severamente cuestionada por la decisión del CNE y por la presunta financiación mafiosa de su campaña —el ‘Pacto de la Picota’—, que incluso podría tener repercusiones en los Estados Unidos. Y su legitimidad de ejercicio se encuentra destruida: su gobierno ha intentado quebrar la institucionalidad, desconocer la separación de poderes, liberar delincuentes, y permitir que estructuras criminales capturen partes del Estado, según revelan los archivos de alias Calarcá.

Con este escenario, Gustavo Petro carece tanto de legitimidad de origen como de legitimidad de ejercicio. Para superar esta crisis, Colombia debe elegir en 2026 a un presidente que llegue al poder limpiamente y gobierne respetando la institucionalidad, dejando atrás estos cuatro años de abuso, ilegalidad y simbiosis con el crimen organizado.