La debilidad del Congreso

Las pruebas son contundentes. El régimen de extorsiones cruzadas que la repartición milimétrica de mermelada impuso entre gobierno y congresistas, ha fracasado. Lejos de haber garantizado la gobernabilidad al primero, lo dejó preso de los segundos. Y aquí, todos hemos perdido.

Gracias a la mermelada, la gestión pública quedó patas arriba. Al finalizar el gobierno Santos la radiografía era clara. El poder presidencial se había disuelt,o de tal manera que sus funciones como jefe de Estado habían quedado reducidas a la de ser un administrador de intereses de aquellos con alguna capacidad de presión o movilización para bloquear al gobierno. Y su arma consistía en entregar el manejo de las entidades, a cambio de los votos aprobatorios a los proyectos que presentara ante el Congreso. Así, mientras los parlamentarios se tomaban el control de las entidades claves del Poder Ejecutivo, para terminar gobernando el país sin otro horizonte que el de sus intereses particulares, los funcionarios del gobierno quedaron sometidos a la tarea de tramitar leyes que congresistas aprobaban sin tener claras las consecuencias que traerían.

De esta manera fueron aprobadas las reformas legales y constitucionales que rigen el proceso con las FRC. No importaba si el orden jurídico e institucional del país se fracturaba bajo el mecanismo del ‘fast track’; o si los derechos de las víctimas a la Justicia, eran desplazados por los derechos de los victimarios a hacer política en el Congreso, ni siquiera si el principio de responsabilidad de mando se aplicaba a la guerrilla o no.

Lo cierto fue que muchos congresistas votaban las reformas, no por su convicción frente a los acuerdos, sino por la compensación que recibían en mermelada. ¿Cuántos de ellos habrán siquiera leído el encabezado del texto que reformaba la Constitución o las leyes? ¿Qué habrían votado si en realidad hubieran sido conscientes de la trascendencia de las reformas tenía sobre las víctimas o la quiebra del régimen institucional?
Por lo visto hasta ahora, los congresistas estaban convencidos de que la debilidad del nuevo gobierno lo obligaría a mantener el matrimonio con el Congreso. La aprobación del plan nacional de desarrollo para el próximo cuatrienio o la aceptación o el rechazo a las objeciones presentadas por el Presidente a la Ley Estatutaria de la JEP, les habían abierto un margen de esperanza a los congresistas sobre la necesidad del gobierno de mantener su relación con el Legislativo.

Pero la realidad es contundente. Las circunstancias han puesto en evidencia que el Congreso es el eslabón más débil de la cadena. Al comenzar el trámite legislativo, las reuniones entre el gobierno y los ponentes llevo a los ajustes que le permitieron al primero, mejorar algunas propuestas que no tenían el apoyo suficiente y retirar otras que eran inviables, y a los segundos incorporar propuestas que consideraban claves para sus regiones.

Ante la amenaza de los congresistas de que no aprobarían el proyecto del plan en la primera vuelta, la alternativa de que el gobierno podía expedir el plan de desarrollo por decreto, terminó poniendo en claro que ni el Congreso tiene toda la fuerza que cree, ni el Gobierno todas las limitaciones que parece.

Pero falta el golpe de gracia. Si el Gobierno les quita a los congresistas ‘enmermelados’ las entidades que habían recibido por la aprobación de sus proyectos, y se las entrega a los más meritorios en los territorios, va a descubrir que los alcaldes y gobernadores son los que tienen la fuerza determinante para aprobar los proyectos de ley en el Congreso. Tener que resolver los problemas y las necesidades de los ciudadanos en el territorio es la obligación que les va a conferir el poder de controlar los votos de los congresistas en Senado y Cámara, e imponer un nuevo modelo de gobernabilidad en el país. El Presidente tiene la oportunidad de decidir cuál prefiere.
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