Niños sicarios

Entre las paradojas del asesinato de Miguel Uribe Turbay es que el sicario fuera menor de edad. Muchos meses atrás oí al político decir que Colombia se negaba a ver la realidad de la criminalidad violenta de menores de edad y sugería una reforma legal para el tratamiento judicial y penitenciario de esos delincuentes, no como ‘niños’, sino como los adultos, pues así es como se integran y funcionan en estructuras criminales organizadas y extremadamente violentas.

En las primeras horas, después de que Uribe Turbay fuera acribillado, la reacción de las entidades estatales como el Icbf y la Defensoría del Pueblo fue la de hablar del ‘niño sicario’ y que estaban trabajando en su protección y restablecimiento de derechos, de quien en la escena del crimen demostró ser todo un profesional. Su valor como fuente de información no era, en cambio, importante para esas instituciones.

Hay una manifestación orgánica de la criminalidad juvenil en la que los menores no son ‘instrumentalizados’, sino que son parte funcional de las estructuras criminales; a ciertos niveles de responsabilidad llegan solo cuando han probado su eficacia y fiabilidad. Un país con un problema así debe revisar la generalización del tratamiento benigno tanto en pena como en reclusión que les ha otorgado la ley a todos los menores.

Al sicario de Miguel Uribe lo vimos frío, profesional y muy preparado; su mano no falló en la difícil posición desde la que le descerrajó toda la carga al candidato. La preparación ponderada y minuciosa, la paciencia en esperar por horas, el desplazamiento en el mitin hasta lograr la mejor ubicación para disparar para matar, indican que es un menor integrado como profesional a la banda que coordinó y ejecutó el crimen de eliminar a Uribe.

No es un menor ‘instrumentalizado’, sino alguien que fue asignado al asesinato porque sabían que podían confiarle la tarea. Semejante crimen por semejante banda no deja una algo tan importante al azar.

Hace 40 años vimos algo similar con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. La semana pasada, menores participaron en actos sicariales o atracos como el que cobró la vida de Jean-Claude Bossard en Bogotá.

Es una realidad apabullante y el sistema de seguridad y justicia necesita herramientas e instituciones que respondan de manera adecuada. Aunque los delincuentes menores en general necesitan juicios y tratamientos penitenciarios diferentes, hay casos en los que su participación en crímenes violentos no es por ser menores de edad, sino porque su demostrada capacidad delictiva los pone a la par con los adultos.

La ley en muchos países permite juzgar a menor de edad como adulto bajo ciertos parámetros. Nosotros ni siquiera nos permitimos el debate y hasta minimizamos su magnitud desde el lenguaje mismo, los llamamos “infractores”, no criminales o delincuentes. En ello hay un factor decisivo de impunidad por las penas y regímenes de reclusión y libertad benignos en los que en un periodo de tiempo muy corto esos menores están otra vez delinquiendo, no obstante haber cometido crímenes que como adultos les llevaría décadas pagar.

La pena de siete años al sicario de Miguel Uribe es una afrenta desde una ley que no se adecúa a la realidad de la criminalidad violenta juvenil del país. Que los jueces digan además que es una pena adecuada, añade oprobio.

La supervisión de la pena al responsable por el crimen político más grave de los últimos treinta años quedará en manos del Icbf donde la lúdica será la terapia. De esa forma, los intereses de protección de toda la sociedad ceden ante ‘los intereses superiores del menor’.