Una nueva competitividad

La semana pasada acompañamos al Consejo Privado de Competitividad CPC, en la presentación de su informe anual 2022-2023. Por muchas razones este evento fue muy diferente a los anteriores y quisiera compartir algunas de ellas.

Lo primero y más importante: el CPC, en cabeza de Ana Fernanda Maiguasca, está haciendo un gran esfuerzo por hacernos entender que la competitividad no solo es asunto de las grandes empresas, los economistas capitalinos y académicos iluminados, sino que la competitividad y la productividad son cuestiones que nos involucran a todos. Esto fue evidente cuando, por ejemplo, escuchamos durante el evento a Sayreth, empresaria de Maicao, venezolana, que hablaba sobre su negocio de arreglo de cejas y manifestaba su deseo de ampliarlo y estar en todo Colombia. Nos contó también sobre las dificultades que enfrentaba a diario, empezando por la de conseguir crédito. Y es que los anhelos de Sayreth son los mismos de casi todos los empresarios de Colombia. ¿Cuál de ellos no quiere crecer y vender más? ¿por qué no hemos entendido que la competitividad no es solo para las grandes empresas?

El segundo elemento diferencial del encuentro fue el mensaje claro: no hay nada más social o que le impacte más a la inclusión que la competitividad. Visto de otra forma, no hay nada que sea más competitivo que un país que le brinde oportunidades a todos desde los primeros años de vida a través de la educación y el buen cuidado. La educación permite que no sean unos pocos sino muchos, los que estén innovando y pensando en formas nuevas de resolver necesidades del mercado. Como lo decía en el evento Johan Norberg, la mejor forma de ser competitivos es poner la pelota a jugar y dárselas a todos. De esta forma, de abajo hacia arriba, salen las mejores ideas.

Lastimosamente los datos que arroja el informe del CPC sobre la educación nos ponen muy lejos del escenario ideal en el que quisiéramos estar. Por ejemplo, en cuanto a la calidad educativa, las pruebas Pisa muestran que el 77% de los estudiantes que la aplican se encuentran por debajo del nivel 2 en lectura, lo que nos aleja de los municipios latinoamericanos con mejores desempeños, y también de la calificación de los países de la Ocde.

Finalmente, otro tema que no es menor y generó discusión fue el relacionado con la cantidad de normas y requisitos que impiden la formalidad laboral y la de los negocios. Muchos ven esto como un problema de los grandes empresarios que quieren oprimir a sus empleados o a los pequeños negocios. Sin embargo, la discusión nos permitió ver con claridad que el exceso de requisitos a quienes más afecta es a las personas que están en la informalidad, quienes nunca terminan gozando de beneficios laborales y son condenados a subsidios estatales, por ejemplo, con las pensiones. También están los micro y pequeños negocios que hoy se encuentran en la denominada ‘economía popular’ porque no logran responder a las exigencias del Estado y terminan muriendo o destinados a no crecer, lo opuesto a lo quiere Sayreth.

La solución no es determinar y validar un ‘apartheid’ en el marco de la economía popular, que lo único que puede lograr es sentenciar a los microempresarios a no crecer y perpetuar su falta de competitividad.

Por el contrario, dándole todo el valor a la diversidad, se les deben entregar las herramientas y el acompañamiento para que paulatinamente, unidos, paso a paso crezcan y salgan fortalecidos a los mercados y al mundo de la formalidad para así gozar de sus beneficios, al tiempo que cumplen con sus obligaciones. ¡Con inclusión, oportunidades y diversidad construimos competitividad!

*Directora ejecutiva de Propacífico