Escuchar este artículo

A ver si ahora sí

Junio 22, 2021 - 11:55 p. m. 2021-06-22 Por: Marcos Peckel

La semana anterior el británico Karim Kahn asumió uno de los cargos quizás más apetecidos por juristas del mundo entero, pero uno donde toca caminar sobre cáscaras de huevo, con pocas posibilidades de no romper alguna, o varias o todas. Kahn reemplazó a la gambiana Fatou Bensouda como fiscal de la Corte Penal Internacional -CPI- cuya gestión fue mediocre, sin mayores logros, cayó en la trampa de la politización y deja a la CPI con serias deficiencias de credibilidad, que, hasta sus más enconados partidarios y patrocinadores, las democracias occidentales, cuestionan su futuro.

El final de Bensouda no pudo ser peor. Violando el mismo estatuto de la Corte, presionada por ONG de derechos humanos dueñas de prominente sesgo ideológico e inocultables odios, decidió en el epílogo de su periplo abrir investigación por “los posibles crímenes de guerra de Israel en territorios palestinos”.

Israel no es miembro de la CPI y tiene un sistema judicial independiente, por lo que la Corte ni tiene jurisdicción y como justicia subsidiaria no debe tomar casos que los países tienen la capacidad y la disposición de juzgar en su propio territorio. Una clara jugada política de una fiscal acusada en su propio país por violación a los derechos humanos. Ese paquete envenenado lo recibe Kahn quien tendrá en últimas que decidir si continúa la investigación o la engaveta, como lo han solicitado varios países miembros de la CPI. Otro ‘regalo’ político que le deja Bensouda a Kahn es la investigación preliminar sobre los crímenes de Estados Unidos en Afganistán.

La CPI ha sido un fracaso, un elefante blanco que ni siquiera ha servido como ente disuasivo. La CPI producto del Estatuto de Roma que ha sido ratificado por 123 Estados entró en vigor en 2002. No son miembros de la CPI, entre otros, Estados Unidos, China y Rusia. La CPI es un tribunal de justicia subsidiaria que juzga individuos, no Estados y que tiene bajo su competencia cuatro tipos de crímenes: lesa humanidad, genocidio, guerra y agresión (aún por definirse).

Lastimosa o inevitablemente la CPI se ha politizado y burocratizado in-extremis, algo no extraño a organismos cuyos miembros son Estados. El costo de la CPI, unos 180 millones de dólares por año, no se compadece con sus magros logros, si es que así se les puede llamar. Hasta ahora cuatro individuos han sido condenados, todos africanos, de una docena de casos abiertos.

La corte es un ejemplo de multilateralismo inútil que ha servido para debilitar la justicia internacional contra serios perpetradores de las violaciones establecidas en el Estatuto de Roma como los casos del presidente sirio Bashar al Assad, los militares birmanos y etíopes y varios otros que por ahí no han pasado. Antes de que existiera la CPI, los tribunales especiales de Ruanda, Yugoslavia y Camboya creados por el Consejo de Seguridad habían cumplido con su misión de impartir justicia donde no la había. La CPI ha sido todo lo contrario, además de acusaciones justificadas de los países de África de sesgo racista y colonial por la cantidad de casos de ese continente llevados a La Haya, especialmente durante la fiscalía del argentino Luis Moreno Ocampo.

No la tiene fácil el nuevo fiscal. Encabeza un sistema estructuralmente defectuoso por decir lo menos, presa de presiones cruzadas de varios actores, en el que los poderosos del mundo no creen ni apoyan y con una credibilidad cuestionada por quienes alguna vez fueron sus arquitectos.
Su primera tarea, de pronóstico reservado, será salvar a la Corte de sí misma.
Sigue en Twitter @marcospeckel

Obtén acceso total por $4.700/ trimestre Suscríbete aquí
VER COMENTARIOS