¡Qué dial tan pirata!

El reciente e interesante informe que hizo El País sobre la proliferación de emisoras no autorizadas en el dial de Cali, deja en claro que la ilegalidad cunde en el dial. Sorprende el prolongado silencio de la Agencia Nacional del Espectro, ANE, ante la inédita proliferación de las 29 emisoras piratas que hay en la ciudad, que hacen uso del espectro electromagnético de manera no autorizada y que desde hace dos o tres años debieron haber sido intervenidas y clausuradas por parte de los funcionarios de dicha entidad.

Para darse una idea, operar una emisora requiere del cumplimiento de un marco establecido, dentro del cual encontramos la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas, inversiones importantes y, sobre todo, de una responsabilidad social en el manejo de los contenidos. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la ANE, hacen exigencias económicas y sociales a quienes están en la legalidad. Es necesario pagar por el uso del espectro, por los estudios de radiación y por los derechos de uso y transmisión de música. Además, contar con un proyecto comunicacional que le dé línea editorial a la emisora, un manual de estilo que se use, y por supuesto, cumplir con todas las prestaciones sociales al personal de planta, entre otros.

El MinTic concede tres tipos de licencia: la comercial, otra de interés público y una comunitaria. Solo con la primera se puede vender pauta publicitaria. Pero ahora llegan las emisoras ilegales, quienes pretenden legitimarse en el ejercicio ilegal de esta actividad, argumentando que tienen derecho al trabajo, que los costos de publicidad en la legalidad son muy altos y que aparentemente, no recurren al cobro de la llamada ‘payola’, práctica indebida, según la cual un artista suena solo si se paga la tarifa establecida por debajo de la mesa para este propósito.

No menos importante es lo técnico. Para evitar interferencias entre emisoras, el MinTic y la ANE generan un minucioso estudio que garantiza que exista suficiente rango de distancia entre una frecuencia y otra. Las emisoras ilegales se han ‘colado’ entre estas frecuencias, afectando la calidad y el alcance de las legalmente establecidas, con afectación de los oyentes.

La radiación es el aspecto que ha pasado desapercibido. Por ley, las emisoras legales deben hacer estudios periódicos que certifiquen que están transmitiendo dentro de los estándares mundialmente aceptados. Las emisoras ilegales no rinden cuentas de esto y es muy importante escuchar a la ANE sobre qué impacto están teniendo 29 emisoras sin control sobre la población en Cali.

Cabe preguntarse qué o quién está detrás de esta invasión abusiva del espectro electromagnético que pertenece al Estado y que solo, a través de concesiones con requisitos de carácter legal, económico y de responsabilidad social, son confiados a particulares, a otras entidades del Estado y a comunidades. El gobierno, a través de los organismos correspondientes, tiene el deber de no permitir que se instaure la cultura de las vías de hecho, y que por estas se burle el marco legal.

Solo falta que se forme una asociación de emisoras piratas que ahora salgan a defenderse y a justificarse. La libertad de expresión no es lo mismo que expresarse desde la ilegalidad. Es necesario que el Estado ponga en orden el dial.

*Rector Universidad Javeriana Cali

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