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La formación de los abogados

Ante los recientes y reprochables hechos de corrupción denunciados que han afectado a magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia

8 de octubre de 2017 Por: Luis Felipe Gómez Restrepo

Ante los recientes y reprochables hechos de corrupción denunciados que han afectado a magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que se unen a la escandalosa proporción de abogados sancionados por el Consejo Superior de la Judicatura, vuelve a surgir una pregunta: ¿Cómo se deben formar los abogados? En el comportamiento y desarrollo de un profesional inciden muchos vectores, desde la formación y ejemplo que ha recibido desde su primera infancia, hasta los valores y el sentido disciplinar que le han sido impartidos en los centros educativos en donde cursó sus estudios. Atendiendo a este último factor, las universidades del país están fallando en la formación de los abogados, lo que exige mayor calidad y preparación de sus egresados.

Hay informes que establecen que, en Colombia, al menos siete de cada diez abogados se forman en programas que no tienen acreditación de alta calidad, solamente 3 de cada 10 abogados se forman en programas de alta calidad. De acuerdo con cifras de la Corporación de Excelencia en la Justicia, Colombia es el segundo país con más abogados por cada mil habitantes y ello corresponde a que hoy existen más de 100 programas formales de Derecho en el país. Esto es sencillamente una locura, hay también un claro exceso de abogados.

Se propone implantar un examen habilitante para poder ejercer esta profesión en el país, no solamente por el número tan alto de sancionados cada año (en los últimos 25 años, según el Consejo Superior de la Judicatura, se han impuesto 18.195 sanciones aproximadamente), sino porque nuestro país es uno de los pocos en el mundo donde no existe. Cursa en el Congreso de la República una iniciativa legal que pretende la implementación del mencionado examen.

Contempla el establecimiento de un promedio nacional por cada prueba, la cual se entenderá aprobada, para los que superen dicha media. Además, si más del 33 % de los estudiantes de una universidad no logran el puntaje mínimo requerido, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) intervenga con la aplicación de medidas preventivas y administrativas. Es evidente que tiene aspectos por mejorar, como el de establecer una calificación que realmente dé cuenta de la calidad y nivel profesional de los egresados, y no se sacrifique a estudiantes que, por estar por debajo de la media nacional, tengan que repetir la prueba, pues lo que se debe establecer es un nivel absoluto y no relativo de resultado en la prueba.

Tampoco se considera conveniente la intervención inmediata del MEN basada en los resultados de una sola prueba de Estado, más bien la alternativa es elevar la exigencia de las condiciones mínimas exigidas para el otorgamiento y renovación de los registros calificados, esta herramienta se le debe otorgar al Ministerio, pues no solamente en Derecho hay que actuar, sino en otros programas. La sociedad está requiriendo abogados con excelentes conocimientos profesionales y altísimo sentido de la ética.

Y seguramente no pocos programas deben ser cerrados. Siguiendo a Belén Carmona solamente resta decir que, “el Derecho es una de las más bellas y nobles profesiones, porque nos acerca al sentimiento de servicio en favor de nuestros semejantes y por ningún motivo, debemos permitir que esta esencia sea desvirtuada con intereses individualistas”.

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