La salud no es un favor

“La salud no es un favor, es un derecho fundamental”. Lo dice Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, movimiento conformado por 198 organizaciones de pacientes, que durante esta movida semana ha alzado su voz para recordar lo que en este país parece ser la menor de las prioridades cuando se habla del sistema de salud: la atención y garantía del servicio, que en muchos casos es definitiva para la vida de cientos de personas.

No es sorpresa lo que ha ocurrido, tenemos un sistema de salud en crisis, desde hace mucho ya, que origina un proyecto de reforma por parte del gobierno de Gustavo Petro, que se hundió en la Comisión Séptima del Senado y que ha sido ampliamente cuestionado. Al mismo tiempo, dos de las EPS más grandes resultaron intervenidas: Sanitas y Nueva EPS, que atienden a 26 millones de usuarios. El viernes, Compensar pidió a la Superintendencia de Salud ser intervenida y que se garantice la atención a sus 2,1 millones de pacientes.

Adicionalmente, ha trascendido que otras cuatro estarían en lista de liquidación Asmet, Emssanar, Famisanar y Savia Salud, así como varias más con diagnóstico reservado. Explicar las complejas razones que han originado la crisis actual no es fácil; en casos plenamente conocidos hubo corrupción, en otros, insolvencia frente a los giros que se deben destinar para la atención, y unos más, relacionados con el monto que se destina por paciente, que parece ser la nuez del agravamiento del sistema, afectado también por la pandemia del Covid19, la inflación y el precio del dólar.

Lo que es innegable es que el sistema debe ser revisado porque resulta inviable económicamente. Eso no tiene discusión. Se ha repetido decenas de veces que hay que construir sobre lo construido, que es necesario sostener lo que está bien y modificar lo que no funciona, pero el modelo de gestoras de salud, que suprime las EPS, no tiene consenso para los especialistas del ramo. La situación entra en cuidados intensivos cuando aparece el tira y afloje político, y la falta de consenso para llegar a un punto de equilibrio en la negociación, y todo termina en un pulso de poderes que poco piensa en el interés general.

Hay decenas de análisis disponibles para intentar explicar lo que está pasando, pero más allá de los mismos, lo que quiere y necesita saber la ciudadanía es lo que poco ha estado sobre la mesa, al menos esta semana: ¿Está comprometido el Gobierno y el gremio en garantizar la prestación del servicio para los pacientes?, ¿qué va a pasar con la atención de las enfermedades de alto costo, a las que se les sindica de ser responsables en gran parte de la insostenibilidad financiera?, ¿qué tan cierto es que el servicio será seguro para urgencias, más no igual para las miles de personas que deben ser vistas por especialistas?, ¿se harán los giros pendientes de las EPS intervenidas, para que las IPS puedan continuar prestando el servicio y pagando a sus empleados?

Se avecina una nueva manifestación, para el 21 de abril, convocada, por un lado, por el presidente Petro, quien invitó a trabajadore(a)s y pacientes de clínicas privadas y hospitales públicos “a los que las EPS les han incumplido sus pagos, a prepararse a la movilización por la salud; ejerzamos el poder constituyente, que la voz de la gente se escuche y decida”. La comunidad médica, por su parte, invita a marchar porque las decisiones recientes afectan la estabilidad y generan un ambiente de miedo e incertidumbre; llamado al que se unen las asociaciones de pacientes y la oposición.

La salud no puede ser manejada con populismo, discursos de derecha y de izquierda, ni convertida en otro de los tantos temas de polarización en este país. No perdamos de vista lo que la Asociación de Pacientes repite una y otra vez: La salud es un derecho, no un favor.

@pagope