La batalla que no se gana con fusiles

Pasada la euforia del discurso en el Pichincha, a Abelardo De la Espriella le espera una prueba menos vistosa que la seguridad, pero bastante más decisiva para la supervivencia política de su gobierno. El país ya conoce el mapa, centro andino para él, costas y Pacífico para Iván Cepeda, con Chocó dándole 81 %, Cauca 76 %, Nariño 77% y hasta el propio Valle del Cauca, con Cali a la cabeza, 61 %. Lo que casi nadie ha dicho todavía es que ese mapa mide, ante todo, distancia con Bogotá, no solo pobreza, y esa distinción cambia por completo la tarea que tiene enfrente.

Ese mismo patrón ya había marcado a Petro en 2022, así que hablamos de una geografía electoral que se repite y por eso debería preocupar a la gobernabilidad mucho más que cualquier debate sobre el orden público. Durante años, la política pública en esas regiones alimentó el relato de la víctima estructural, sin más ruta de salida que el subsidio directo, mientras el territorio permanecía sin catastro actualizado, sin crédito formal y sin titulación de tierras.

Ese abandono explica el voto, no lo justifica como error, el elector no se equivocó al buscar alivio frente a la ausencia del Estado, el problema es que nadie le ofreció una alternativa real para superar esa condición. Por eso el verdadero adversario del votante del Pacto Histórico en cualquier rincón de la geografía nacional no debería ser un presidente -o futuro candidato- de derecha, sino el primer funcionario capaz de entregar una vía terminada.

El guión de la fuerza ya está escrito, con las tropas desplegadas, las listas de organizaciones narcoterroristas y el consejo de seguridad a un par de horas de la posesión y, hay que decirlo con gusto, la Presidencia de a poco recupera su estatura. El del frente social todavía está en blanco, y es ahí donde se juega si este gobierno dejará una huella sostenible o si terminará siendo apenas un paréntesis de mano dura entre dos ciclos de izquierda.

Llenar ese relato no es difícil de enunciar, aunque sí de ejecutar. Mejorar la calidad de vida en las ciudades, formalizar la propiedad rural donde hoy prevalece la informalidad, extender el crédito productivo más allá del asistencialismo de corto plazo, llevar justicia ordinaria a municipios donde la única autoridad sigue siendo un actor armado, entre tantas otras brechas pendientes. Ninguna de esas tareas depende de un decreto o de la retórica, todas exigen años de ejecución continua, justo lo que Colombia rara vez logra sostener entre un mandato y el siguiente.

Esa ejecución sostenida es, más allá de cualquier ideología, el verdadero desafío de la gobernabilidad. Un gobierno que llegue con soluciones reales a los territorios que hoy votan por la izquierda no necesita librar ninguna batalla cultural, la resuelve simplemente demostrando que puede ser un ejecutor confiable de progreso, alguien en quien esas comunidades se reconozcan sin importar la etiqueta partidista.

La legitimidad que se gana entregando, y no prometiendo, es la única que ningún opositor puede desmontar con un discurso. La prueba real llegará en octubre de 2027, cuando Colombia vuelva a elegir alcaldes y gobernadores. Si el gobierno nacional construye antes de esa fecha, el Pacto Histórico pierde su relato en las regiones sin que nadie tenga que derrotarlo en un debate.

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Claridades: Sentí pena ajena viendo por redes sociales a los mediocres de siempre, algunos con despacho aquí en la región, que arengaron e increparon durante la jornada de posesión. Una cortesía que no pidieron: gobernar no se aprende indignándose, se aprende ejecutando, algo que cuatro años en el poder, o las curules que ostentan, les dieron tiempo de descubrir y talento insuficiente para lograr.