Los acontecimientos

Julio 24, 2022 - 11:50 p. m. 2022-07-24 Por: José Félix Escobar

La marcha de los hechos debe servir para determinar las políticas públicas. Los 55 fallecidos en la tragedia de la cárcel de Tuluá más los 36 fugados de una estación de policía en Cali están llamando la atención del país sobre la urgencia de adoptar una política carcelaria efectiva.

Triste es reconocerlo, pero la última etapa en la educación de las personas es la cárcel. Cuando fallan el hogar y la escuela, los ciudadanos que caen en la desgracia del delito deben tener la oportunidad de rehabilitarse en las penitenciarías y centros de reclusión.

A la clase dirigente política de nuestro país le ha parecido mucho más atractiva la inversión pública en puentes, autopistas, túneles y burocracia, que la adopción de políticas eficientes en materia carcelaria.
No podemos seguir en Colombia el terrible ejemplo de las cárceles ecuatorianas, donde las masacres que allí suceden son explicadas como “enfrentamientos entre bandas rivales”.

La habilitación de cárceles mínimamente decentes encuentra plena justificación en los estudios del científico austríaco Konrad Lorenz, para quien el hacinamiento de los seres humanos produce efectos totalmente antisociales y genera comportamientos degradados hasta el nivel de las fieras.

Es inevitable, entonces, direccionar la inversión pública para construir y mantener prisiones en las que existan penas, pero también posibilidad de rehabilitación. Si de algo tiene el estado colombiano es de donde recortar presupuestos.

De otro lado la persistencia del invierno en nuestro país (producto del fenómeno de La Niña) ha convertido en prioritario el mantenimiento de diques, jarillones, canalizaciones y cuanta obra de regulación hídrica exista. Da lástima ver enormes extensiones de tierras fértiles inundadas durante largos meses.

Lo más grave se presenta en los departamentos cercanos al mar Caribe, donde el sur del Atlántico, la Mojana y el bajo Cauca han visto romperse los diques y protecciones, produciendo en consecuencia enormes inundaciones. Sin embargo, las tragedias pueden suceder en otras regiones del país como lo acaba de recordar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al condenar por improvidente al Estado con motivo de lo sucedido en Mocoa hace 5 años.

Los acontecimientos deben servir, repetimos, para orientar y dirigir las inversiones públicas. No tiene por qué esperarse una nueva tragedia o una nueva inundación para iniciar un plan serio y metódico de revisión y reforzamiento de obras pública como jarillones y diques.

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Comienzan a producirse noticias generadas por el arribo a la conducción del Estado de quienes por 700.000 votos de diferencia ganaron las pasadas elecciones presidenciales. El espectáculo de la posesión del nuevo Congreso fue francamente deprimente, lo que llevo al líder opositor Rodolfo Hernández a comparar esa guachafita con una corraleja.

No ha tomado posesión el nuevo gobierno y ya surgen propuestas bautizadas como “cambios”, pero que en el fondo son ataques directos a los colombianos más humildes. Vuelve y juega la descabellada propuesta de gravar la producción de bebidas azucaradas las cuales constituyen para millones de colombianos pobres su almuerzo o su comida.

¿Y qué tal el nombramiento de Iván Velásquez como ministro de defensa? Quién toda la vida ha estado escorado a babor necesitará un traductor para entenderse con el cuerpo castrense.

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