Las presunciones

A partir de la Constitución de 1991, el discurrir de la vida colectiva en Colombia se articula sobre varias presunciones, siendo dos de las más importantes la presunción de buena fe y la presunción de legalidad de los actos de la Administración. El postulado fundamental de la buena fe establece que la intención sana debe presumirse en las autoridades y en los ciudadanos del común. El expresidente Laureano Gómez hizo conocida su expresión de que “a la gente hay que creerle”. De otro lado, una democracia operante necesita dotar de firmeza a los actos de los gobernantes y por ello se presumen legales.

Pero he aquí que la desbordada inmediatez de las redes sociales ha obrado en sentido contrario. Ahora parece que lo normal es desconfiar de todas las autoridades y cuestionar automáticamente la intención expresada en los actos de los gobernantes. Una organización llamada ‘Transparencia Internacional’ acaba de lanzar a los cuatro vientos una errada conclusión: la de que Colombia presenta una “alarmante” concentración de poder.

El director de esa organización, que parece ser colombiano olvidó que el Presidente de la República puede y debe ternar a los candidatos a ocupar distintos puestos de control. Esta facultad se la atribuyen las leyes del país. Pero en aras de la resonancia mediática, ‘Transparencia Internacional’ decidió presentarnos ante la comunidad internacional como cualquier Nicaragua. Las personas designadas para ocupar los altos cargos de control están amparadas por la presunción de buena fe y no se las puede ‘fusilar antes de que llegue la orden’.

Por otra parte, se ha establecido en nuestro país una escuadrilla de críticos obcecados para quienes nada de lo que hace el Gobierno es bueno y nada de lo que explica la autoridad es cierto. Actúan como ácratas de oficio, a los cuales no hay poder humano que los convenza de que se encuentran en error.

Hasta ahora el senador Jorge Robledo se presentaba como un crítico estructurado y serio. Pero el episodio de los 53 soldados norteamericanos que llegaron al país en calidad de asesores en el combate contra el narcotráfico, ha llevado al congresista Robledo a encerrarse en sus prejuicios ideológicos.

Cualquiera sin mayor esfuerzo, puede concluir que 53 militares no conforman una tropa extranjera, para cuyo tránsito por el país se necesita aprobación del Legislativo. Pero ni Robledo ni sus compañeros de cerrazón lo entienden siguen manifestando que en su opinión hay desde delitos hasta atropellos a la separación de poderes.

Alguien que debería recordar que los actos de las autoridades se presumen legales mientras los jueces no sentencien lo contrario, es la alcaldesa de Bogotá. La señora López decidió llevar la contraria a sus superiores en jerarquía, como son el Presidente y sus ministros. La controversia desatada por la alcaldesa no se desarrolla ante los tribunales, como debería ser, sino ante los medios de comunicación. Bien haría la Procuraduría en revisar la conducta controversial de esta funcionaria pública y si es del caso llamarla al orden.

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Su versatilidad era notable. Como se ha hecho ver en estos días, su vida transcurrió en la empresa, en la política, en la beneficencia y en el periodismo. Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y tratarlo, sentimos que con la partida de Álvaro H. Caicedo desaparece un gran valor vallecaucano.