A destiempo

Ha hecho carrera una forma de gobernar que consiste en llegar tarde, dilatar la toma de decisiones y actuar a destiempo. El más patético ejemplo lo dio recientemente el primer ministro de Australia Scott Morrison. Las regiones surorientales de ese país comenzaron a arder con una fuerza pocas veces vista. Efecto, por supuesto, del cambio climático global. El primer ministro no se tomó la molestia de suspender sus vacaciones en Hawaii, delegó la atención del problema en autoridades menores y solamente regresó cuando las llamas se habían vuelto inmanejables.

La rapidez con la que están sucediendo las cosas es asombrosa. Cualquier vacilación puede ser fatal. A comienzos de Enero se detectó en la ciudad China de Wuhan un pequeño brote de Coronavirus. Los gobernantes de Pekín dudaron en aplicar las medidas preventivas necesarias, teniendo en cuenta que se acercaban las grandes movilizaciones humanas del Nuevo Año Chino. Como era de esperarse, la expansión de la epidemia ha sido asombrosa. Hoy más de 50 millones de personas han sido declaradas en cuarentena y las festividades del año nuevo debieron ser canceladas.

No estamos exentos los colombianos de la presencia del método gubernamental de llegar a destiempo. Desde hace meses se viene advirtiendo un desmadre en la utilización de las playas de nuestra costa Caribe. Nadie hizo nada hasta que los medios de comunicación informaron sobre los graves accidentes ocurridos en Cholón y Playa Blanca. Allí si aparecieron las autoridades que debieron actuar con la anticipación debida.

Desde el 21N nuestros gobernantes debieron comenzar a reglamentar el ejercicio del derecho a la protesta, pues por reiterada comprobación en las marchas se incrustan, con el beneplácito de los dirigentes o sin él decenas de vándalos anti–sistema cuya misión es destruir, robar y obstruir. Lo sucedido en Bogotá el pasado 21 de enero quedó documentado. Chile está a punto de aprobar en el Congreso la conocida como ‘Ley antisaqueos’. No puede ocultarse que las protestas de octubre causaron solamente al metro de Santiago daños por 300 millones de dólares.

No es aceptable que se hubiera dejado crecer el problema de la plataforma Uber. Si de verdad los Ministerios y las Superintendencias consideran que este avance tecnológico no se ajusta a la ley, la prohibición debió producirse en 2013, cuando la plataforma llegó al país. Hoy existen más de 83.000 conductores afiliados al sistema que se pretende ahora prohibir. Si se saca del aire a la plataforma, decenas de miles de trabajadores quedarán sin ocupación. No debe olvidarse el refrán según el cual ‘no se pueden poner puertas al viento’.

Pasan y pasan los meses y nada que se soluciona el terrible problema de falta de cárceles en Colombia. No puede tratarse de ausencia de presupuestos porque hasta un satélite colombiano va a lanzarse pronto. Centenares de burócratas ingresan cada semana a la nómina estatal. Se anuncian grandes obras de infraestructura, pero no hay cárceles para llevar a ellas a los que azotan a los ciudadanos y ciudadanas de bien con el robo sistemático de sus pertenencias.

¿Por qué no se hizo con anticipación y cuidado el empalme entre el gobierno anterior y el presente de la ciudad de Cali en torno al tema del lote del Club San Fernando? Nos hubiéramos ahorrado el vergonzoso show de una posesión que hasta las abejas rechazaron.