Equilibrio de poderes

El Gobierno de Juan Manuel Santos ha puesto a consideración del Congreso un proyecto de reforma constitucional que modifica al menos 30 artículos de la Carta Política de 1991, con sus varios cambios posteriores, que a mi juicio es conveniente pues tiene el sano propósito de lograr un “equilibrio de poderes”, que corrija este desbalance atroz que nos dejó no solo el engendro de 1991 sino la pérfida reelección presidencial introducida en su propio beneficio por Álvaro Uribe. Todos los colombianos sabemos cómo se fraguó “el articulito” y el costo que tuvo.Este proyecto elimina la reelección, no solo del jefe de Estado sino de otros funcionarios, como el procurador, fiscal general, defensor del pueblo, etc. Infortunadamente se frustró el deseo de Santos de establecer en 5 años el periodo presidencial, que es suficiente. Ojalá que en el trámite parlamentario se logre esto, como lo tienen varios países de América Latina. Cuatro es poco, seis es mucho, cinco está bien.Se acaban los brincos en las altas cortes con ese sistema perverso actual en que los magistrados pasan de un tribunal a otro al término de sus periodos. Se regresa a la cooptación pero los candidatos surgirán de convocatoria pública.Una de las pestes que trajo la Constitución del 91 fue el voto preferente, o sea listas abiertas para las corporaciones públicas, que acabaron de un tajo con los partidos pues por ese sistema se crean tantos cuantos candidatos haya, y así ve uno en Cali diez o más sedes de candidatos liberales y otras tantas de otras colectividades. Esta reforma vuelve a las listas cerradas con las que el ciudadano vota por el partido que le gusta y este obtiene tantas curules cuantos votos saque. También modifica la composición del Senado, que será en un 80% por circunscripción nacional y los departamentos con menos de 500 mil habitantes elegirán mínimo un senador.Se elimina la inútil Comisión de Acusaciones de la Cámara y se abre un ‘tribunal de aforados’, que conocerá de los procesos contra fiscal, procurador, contralor y magistrados de las altas cortes.Está en salmuera, pues no fue introducido en el proyecto, la iniciativa oficial de unificar periodos de alcaldes y gobernadores con el del presidente. Tiene lógica aunque salta a la vista que puede dar lugar a acuerdos no siempre limpios entre el candidato presidencial y los aspirantes a alcaldes y gobernadores. Se estudia una fórmula de elecciones atípicas para que los actuales mandatarios regionales y locales puedan ser candidatos para ocupar eso cargos hasta 2018, sin perjuicio de que se presenten otros aspirantes.Muere el funesto Consejo Superior de la Judicatura, en el que se han visto situaciones que dan vergüenza y causan tremendo desprestigio a la Justicia. El Centro Democrático de Uribe ha presentado su propio proyecto de acto legislativo, que estudiará el Congreso conjuntamente con el del Gobierno y con otros que puedan llegar al Capitolio. En el de Uribe se mantiene -obvio- la reelección presidencial pues ya sabemos cómo se alcanzó la suya en 2004, con las movidas de Yidis y compañía.Tiene el de Uribe algo que me gusta, y que aquí he propuesto varias veces: el voto obligatorio, con sanciones para los que no se acerquen a las urnas y estímulos para los que cumplan con su deber cívico. Es imposible mantener un sistema democrático con esos inquietantes índices de abstención que muestran los guarismos electorales.