“Dura lex...”

Dediqué buen rato a leer las 197 páginas de la Resolución No. 80847 de 7 de octubre de 2015 por medio de la cual y con apoyo en la Ley 1340 de 2009 el Superintendente de Industria y Comercio impuso severas multas a varias empresas, directivos y entes gremiales del sector azucarero.De esa lectura saco en conclusión que Pablo Felipe Robledo, en su carácter de superintendente, valoró bien las pruebas recaudadas que lo condujeron a tasar esas sanciones. Como persona inteligente sabía que esa decisión levantaría polvareda pues tocaba empresas y personas de gran poder social, político y económico. Es obvio que el superintendente no iba a firmar esa providencia sin anunciarle al Presidente de la República lo que se proponía ejecutar, tanto es así que cuando se produjo el ‘tsunami’, el jefe del Estado salió a respaldar a su subalterno en el III Congreso Internacional de Libre Competencia, en donde expresó: “En la Superintendencia de Industria y Comercio se han tomado decisiones sin precedentes, decisiones que ayudan a construir una política pública de protección de la competencia en Colombia. Hemos promovido y defendido la libre competencia -tomando decisiones muchas veces duras- en sectores como las EPS, los pañales, los cuadernos, el papel higiénico, el arroz, el cemento, la telefonía móvil, algunos servicios públicos y, últimamente, el azúcar”. Y para rematar le dijo a Robledo que lo había designado para cumplir una misión importante para el buen desarrollo de la sociedad. Respaldo absoluto.Eso era lo que tenía que decir y hacer el Presidente. El cuento perverso de que la sanción a los industriales por impedir y obstruir la importación de azúcar para favorecer sus balances, es una retaliación de Santos por una salida en falso de alguien en celebración aniversaria de un ingenio, y el más perverso de que es venganza contra RCN TV de Carlos Ardila, también dueño de ingenio, por las críticas al Gobierno que en ese canal suelta todos las noches la señora Gurisatti, no son de recibo porque a Santos, curtido político, le resbalan esos infundios.Lo que ahora pretendo decir es que no he visto nada más torpe que el manejo que han dado los multados a este episodio. La carta abierta al Presidente fue algo atroz, no solo por la desbordada publicidad -página entera en todos los diarios nacionales -sino porque el texto es inane pues Santos, si bien es superior de Robledo, no representa instancia a la cual acudir, porque los sancionados tienen el recurso de reposición ante el superintendente, que es autónomo para revocar, confirmar o modificar la resolución, en ejercicio de la jurisdicción administrativa que ejerce. Allí el Presidente no tiene nada que hacer, y la carta pública pretendía intimidar al destinatario.Si el superintendente no revoca ni modifica la resolución, los industriales azucareros pueden acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para que allí, en últimas el Consejo de Estado, se diga la última palabra. Tampoco cabe el ridículo juicio político que algunos congresistas regionales pretenden adelantarle a Robledo. Tendrían que enjuiciarlo también por las multas a Comcel – Claro ($87 mil millones), Arroz Florhuila ($33.800 millones), y varias otras de esos calibres. La dura no es la resolución. La dura es la ley.Para no hablar de la amenaza que soltó Pablo Cáceres, abogado de Asocaña, de llevar a la cárcel al superintendente. Increíble.