Cojea, pero llega

Cuando alguien me pregunta cuál de los altos cargos públicos que he servido me causó mayor satisfacción, no vacilo en responder que fue el haber sido escogido por el Tribunal de Buga para ocupar el despacho de juez superior de ese distrito. Allí se juzgaba a los reos acusados de los más graves delitos definidos y sancionados por el Código Penal.

Siempre he considerado que la función de un juez penal es la más alta responsabilidad que le cabe a quien tiene en sus manos disponer de uno de los más preciados bienes: la libertad. No es cosa de poca monta que al analizar las pruebas de cargo, el juzgador ‘en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley’ mande a la cárcel a quien resulte vencido en el proceso.

La justicia en Colombia ha tenido muchos altibajos. Ha habido jueces y magistrados excelentes, pero ha habido también terribles casos de corrupción, como los del ‘cartel de la toga’ que mostró al mundo que en nuestro país magistrados de la Corte Suprema de Justicia vendían sentencias al mejor postor.

Pero si el comportamiento de esos togados nos causa vergüenza, hay actuaciones de jueces y fiscales que nos llenan de optimismo porque hacen ver que no todo está perdido en la justicia.

Uno de esos casos es el del juez de Usiacurí (Atlántico), Andrés Rodríguez, quien denunció la coima de 200 millones que le ofreció Eduardo Pulgar para que torciera un proceso buscando favorecer a un amigo del senador de Cambio Radical. Ahora Pulgar sufre las consecuencias por haber incurrido en ese delito.

Ya no juez –me niego a escribir jueza-, la fiscal Angélica Monsalve, quien fue acosada por actores de alto coturno para que sacara de apuros a unos personajes sindicados de un negocio turbio en Bogotá. Desde un exfiscal general, un rector de universidad, hasta el perro y el gato, intervinieron para que la funcionaria se abstuviera de imputar cargos a tan conspicuos sujetos.

Como no pudieron lograr el cometido, el jefe del ente acusador dispone su traslado a Putumayo para entorpecer el proceso, con grave riesgo para la seguridad de la doctora Monsalve. Por fortuna, Daniel Coronell destapó esa treta maligna, y el caso ha seguido adelante.

Carmen Helena Ortiz, juez 28 de Conocimiento de Bogotá, no aceptó la preclusión que pedía el fiscal Gabriel Jaimes en el proceso donde aparece imputado Álvaro Uribe de los cargos de soborno a testigos y fraude procesal. Un auténtico ‘chicharrón’ pues el expresidente es el hombre más poderoso de Colombia, dueño del Gobierno, amo de todos los entes de control, y ahora con pretensión de elegir un presidente obediente a sus mandatos. La juez, con las pruebas recaudadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se apartó de la solicitud del fiscal/defensor, y ahora el proceso continúa.

Y la Corte Constitucional, con efecto retroactivo, tumbó la perversa modificación de la Ley de Garantías, que este Gobierno presentó y fue aprobada por el sumiso Congreso, desoyendo las voces que advirtieron que una ley estatutaria como es la de Garantías, no puede modificarse por una ley ordinaria, como la de Presupuesto.

Lo que hubo allí es un prevaricato, porque a sabiendas se violó la Constitución al aprobar el ‘mico’ para el que la plagiaria presidenta de la Cámara ordenó a un copartidario suyo: “Anatolio, vote sí”.