Índices y descertificación

Lo que hace dos años era una advertencia, hoy es una dolorosa realidad: Colombia fue descertificada. No es un gesto diplomático ni un tecnicismo burocrático. Es la confirmación de que las políticas del presidente Petro, incluido su plan de ‘Paz Total’, fueron derrotadas por el narcotráfico. Quien insista en reducirlo a un asunto político, desconoce la magnitud del fracaso.

Desde 2003 se recopilan datos de violencia y criminalidad en el país. No se trata solo de homicidios y robos: también ataques a la Fuerza Pública, atentados terroristas, voladuras de oleoductos y más de 40 indicadores que permiten medir la inseguridad y la capacidad real del Estado. Desde 2013, la información ofrece la solidez suficiente para un diagnóstico confiable.

La metodología es rigurosa: los delitos se clasifican bajo estándares internacionales, se les asignan pesos según su severidad y se calculan tendencias en el tiempo y en el territorio. El resultado no es un conteo de crímenes ni de hectáreas de coca sembradas, sino un termómetro multidimensional: el Índice de Riesgo de Conflicto Criminal (Ircc).

Los índices muestran que, aunque los municipios rurales con coca tenían inicialmente los niveles más altos de riesgo, desde 2018 la brecha con los municipios sin coca prácticamente desapareció. A partir de 2022, ambos alcanzaron un punto de desbordamiento crítico. El cultivo ilícito se expandió y con él la criminalidad rural, impulsada por economías ilegales cada vez más diversificadas y acompañadas de graves violaciones a los derechos humanos.

Los municipios portuarios son hoy botín del narcotráfico. Buenaventura es el caso más dramático: pese a años de proyectos sociales y filantrópicos, su Ircc se duplicó. El puerto agoniza bajo la presión de organizaciones criminales transnacionales y el costo creciente de operar en medio de la inseguridad. Lo más preocupante es que esta tendencia comienza a replicarse en otros municipios portuarios.

El análisis histórico es claro. Entre 2003 y 2015 el riesgo estuvo concentrado en ciertos municipios. Desde 2016 se expandió y en 2023 alcanzó un punto de quiebre: el Ircc superó con creces la capacidad de respuesta estatal. La situación recuerda al Caguán, pero con un agravante: la presencia de redes criminales transnacionales.

La descertificación golpea más allá de la política exterior. Significa pérdida de cooperación, caída de la inversión, afectación de exportaciones y un castigo directo a la economía formal. Pese a ello, algunos sectores siguen creyendo que mesas de diálogo e incentivos a criminales para no delinquir traerán soluciones estructurales. La realidad es otra: esas mesas restan credibilidad al país y entregan a los delincuentes tiempo, territorio e impunidad. El resultado ya se siente en masacres, desapariciones, desplazamientos, reclutamiento de menores y violencia sexual.

Aunque Estados Unidos cerró la puerta al actual gobierno, todavía existe un espacio para que la sociedad civil asuma un rol más protagónico. El desafío es inmenso: evitar que la erosión de la legalidad conduzca al país nuevamente al borde del precipicio. Por ello, es urgente que alcaldes, gobernadores, gremios y ciudadanía conviertan este momento en una oportunidad para rescatar la institucionalidad y recuperar la credibilidad de Colombia.