Puertos y política pública

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Puertos y política pública

Diciembre 12, 2019 - 11:35 p. m. Por: Gustavo Moreno Montalvo

Desarrollar nuevos puertos requiere enormes inversiones. Solo se justifican si el sitio tiene ventajas comparativas comprobadas. No basta la intuición: debe haber rigor en la evaluación antes de asignar recursos a establecer otro puerto de importancia en el Pacífico. Hace un cuarto de siglo la Cámara de Comercio de Manizales, bajo la dirección de Mario Calderón Rivera, impulsó la idea de hacer un puerto en el golfo de Tribugá, en el Municipio de Nuquí, en Chocó, y encontró eco en la gobernación de Antioquia.

El examen de los costos ambientales habría aconsejado no hacer la vía prevista desde Las Ánimas, en Risaralda, por la fragilidad del suelo en la selva del valle del río San Juan y la serranía del Baudó, pero se intentó, por fortuna sin éxito. Además hay varios elementos pertinentes adicionales: la población del municipio es pequeña, del orden de 10 mil habitantes y la comunidad no tiene antecedentes de actividad portuaria.

Así, además de hacer carretera y puerto, sería preciso construir un pueblo entero. También habría que proveer servicio de dragado permanente. Los empresarios antioqueños no han impulsado este proyecto: tienen interés en mejorar el acceso a los puertos sobre el golfo de Urabá, en el Caribe.

Gobiernos sucesivos no han tomado en serio a Buenaventura, que ya existe. El Departamento de la Prosperidad bajo Juan Manuel Santos no se interesó en propuestas para impulsar el desarrollo integral de la ciudad, donde habita medio millón de personas, formuladas con el apoyo del Sistema Regional de Responsabilidad Social al comenzar la administración del alcalde Bartolo Valencia. Desde entonces se han ejecutado algunas iniciativas de carácter asistencial, en respuesta al paro cívico de 2017, pero no hay estrategia comprensiva.

Los problemas hoy no se limitan al atraso social, la ausencia de oportunidades y la incidencia nociva de los negocios ilícitos en el tejido social: ya también la actividad portuaria está en crisis, por el atraso en infraestructura, en particular en el acceso a los puertos de la Sociedad Portuaria y la Terminal de Contenedores de Buenaventura, por la limitada red urbana y, en alguna medida, por la dilación en la terminación de la doble calzada desde Buga, que también perjudica al puerto de Aguadulce, en la península del mismo nombre al norte de la isla de Cascajal.

La competitividad del puerto está seriamente comprometida por la dilación en el dragado del canal de acceso: el volumen de carga se redujo durante 2019 en cerca de 25% frente al año anterior, y las propuestas de cobro por el dragado a los barcos usuarios contrastan con las políticas públicas aplicadas en Cartagena, donde la Nación asumió el costo del dragado capital.

Sorprende el desinterés de dirigentes públicos y privados del Suroccidente frente a la inadecuada percepción del Pacífico como oportunidad, dado que en él convergen las tres primeras economías del mundo (EE.UU., China y Japón) y que la miseria prevalente en la Costa Pacífica de Colombia requiere estrategias de dimensión épica, con mejoras drásticas en la calidad de vida de un millón y medio de personas e impacto notable en la orientación de la economía nacional.

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