Impuestos o Estado

La emergencia sanitaria ha tenido consecuencias graves para la economía, que se contrajo casi 7% en 2020, el fisco, cuyo recaudo se reduce y cuya deuda subió para evitar el colapso social, y la sociedad, cuyas perspectivas se estrecharon. El gobierno propone una reforma tributaria, y argumenta que reduciría la pobreza. Pretende contrarrestar los problemas con un programa de ingreso solidario que cobijaría a 40% de la población, proporción similar a la de Escandinavia, sin bases firmes para hacerla sostenible.

Para aumentar el recaudo propone ajustar el IVA, con incidencia en el costo de la proteína animal, gravar las pensiones y establecer un nuevo impuesto al patrimonio de quienes hoy pagan impuestos, y reduce el apoyo a la vivienda de interés social. Además siembra expectativa sobre la denominada regla fiscal, que pone límites al déficit del presupuesto en relación con el producto interno bruto.

El mayor problema de la propuesta es que cuadra la caja de las finanzas públicas a expensas de la clase media, cuyo compromiso fiscal aumentaría con la reducción del ingreso mínimo necesario para tener la obligación de presentar declaración de renta y pagar impuestos. En contraste, no se aborda el problema de personas naturales que evaden y eluden el pago de impuestos en forma sistemática.

Luis Jorge Garay ha demostrado cómo el uno por mil con más ingresos paga impuestos sobre la renta en proporción similar al que paga, en promedio, el conjunto de las personas naturales entre el 10% y el 20% de mayores ingresos, menor a su vez que la del conjunto de personas naturales entre el 10% y el 1%.

Esta situación aberrante en la cima de la pirámide de ingresos, para beneficio de quienes pagan sofisticados contadores y abogados para diseñar soluciones que aumentan la desigualdad requiere acciones audaces, que deben incluir la sanción penal efectiva.

No se entendería que el Congreso no examinara la propuesta de Fedesarrollo, muy superior a la propuesta oficial, como reconocen los expertos. El gobierno no la acoge porque no es su producto. Mucho más importante es que tampoco reconoce el problema central de Colombia:
la ineficacia general de los procesos públicos, cuya consecuencia trágica es que la desigualdad sea prácticamente la misma antes y después de impuestos.

El Estado no ejerce el monopolio del poder coercitivo con eficacia, el desempeño de Legislador y Justicia es deficiente, el Gobierno Central y las regiones no están articulados con estrategias de desarrollo de largo plazo basadas en ventajas comparativas relativas, y la educación pública es pésima.

Esta insólita conjunción hace inviable la propuesta del ingreso solidario. Es necesario arreglar lo público para aumentar la bajísima productividad de la economía nacional, de manera que el Estado, en vez de lastre, sea factor de éxito en la epopeya. Lograr crecimiento rápido sostenido del producto interno bruto aumentaría el valor del trabajo, con reducción de la desigualdad y mejores perspectivas futuras. Entre tanto se puede atender el problema fiscal con la venta de 37% de Ecopetrol, sin perder el control.

La situación actual de Colombia obliga a pensar en grande. Los problemas se deben convertir en oportunidades.
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