¿Opinión o corrupción?

Una nueva salida del expresidente Uribe con el término “estado de opinión” para justificar cambios institucionales duros mediante algún tipo de consulta popular, vuelve a sacar del clóset el fantasma de la constituyente. Uribe quiere aprovechar los desaciertos de las JEP, en especial con el caso ‘Santrich’, para llamar a las urnas, rediseñar la JEP y la rama Judicial, neutralizar a varios enemigos personales que, valga la pena decirlo, utilizan su posición institucional para atacarlo y quién sabe que más cosas.

La apuesta es arriesgada para el uribismo porque no es claro que pueda lograr una mayoría en una eventual asamblea constituyente. Pero, sobre todo, es un riesgo enorme para el país porque en un ambiente tan polarizado no se sabe qué pueda salir de allí. Quienes obtengan una mayoría en su momento pueden introducir cambios constitucionales que no gozarían de mayor legitimidad en la contraparte y abriría el paso a una situación de inestabilidad permanente, en que la oposición aprovecharía cualquier momento favorable de opinión para llamar a elecciones y de nuevo cambiar la constitución.

Un país que quiera resolver sus problemas de política pública como educación, salud, crecimiento económico, etc., no puede despilfarrar tantos recursos y tiempo en definir sus instituciones y proyectos de sociedad para implementar estas políticas y tampoco cambiar cada tanto las reglas del juego. Lo peor para atraer las inversiones necesarias para resolver la mayoría de los problemas del país, tanto públicas como privadas, es la incertidumbre y la impredecibilidad. Y ¿qué mayor incertidumbre e impredecibilidad que la Constitución y las leyes cambien al ritmo del estado de opinión?

Más aún, el hecho que la política nacional se centre en la redefinición de las reglas del juego implica un incremento significativo en los costos de las campañas políticas. Si se trata de cambios significativos en la constitución el gobierno deberá aceitar la maquinaria, o en otras palabras, fumigar con mermelada la clase política, para garantizar una mayoría de votos en el organismo que vaya a hacer los cambios institucionales.

Es la oportunidad para la clase política de reclamar recursos al Gobierno Nacional y, por consiguiente, lo normal es esperar un incremento de la corrupción. De contratos e inversiones del estado es de dónde se van a desviar los recursos para garantizar los votos para la asamblea constituyente. Y, por supuesto, parte de los recursos se quedarán en los bolsillos de los corruptos de turno. Toda una fiesta.

La gran ironía es que mientras el presidente Duque poco puede hacer para que el Congreso apruebe una ley anticorrupción tan obvia como impedir que los corruptos no paguen sus condenas en la casa, su partido quiere un pulso político que conduciría a mayor corrupción. Ese es el costo implícito de que la agenda política sea copada por la definición de las reglas del juego en vez de la solución de los problemas de política pública con las reglas del juego existentes.

Duque llegó a la presidencia de la mano de Uribe. Eso nadie lo puede negar. También es innegable que es legítimo que la agenda política de Uribe en el Congreso sea distinta a la del Gobierno. Pero la capacidad de estadista de Duque debe medirse en cómo logra manejar esa agenda de modo que pueda poner freno a un pulso de fuerzas políticas en que la gran ganadora será la corrupción.

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