Hambre y ganas de comer

La gran justificación en el debate político para llamar a una constituyente que plasme el estado de opinión en las leyes del Estado, es el problema de la Justicia. Corrupción, politización, clientelismo, ineficiencia en sus fallos, etc., son los argumentos del uribismo para plantear una reforma vía referendo.

Hay mucho de cierto en los reclamos del uribismo contra la Justicia. La corrupción y la ineficiencia son innegables. También es cierto que tanto en la Justicia transicional -la JEP- como en las cortes hay sectores que están obstinados en una cruzada personal contra Uribe y sus aliados. Sin embargo, eso no es motivo suficiente para embarcar al país en un proceso constituyente que puede resultar en un gran salto al vacío y que, a la larga, es la gran oportunidad para la clase política de hacerse a enormes dosis de mermelada.

Si de verdad se quiere resolver el problema de la Justicia bastan los canales ordinarios y, sobre todo, que la clase política al mismo tiempo modere su propio grado de corrupción. De otro modo, cualquier cambio se va a estrellar contra la realidad de un sistema coludido para extraer rentas del Estado y exonerar a los culpables. ¿Qué más prueba del hundimiento de la ley que pretendía acabar la casa por cárcel para los corruptos?

Ahora bien, más allá de lo riesgoso e inconveniente de la apuesta uribista por el ‘Estado de opinión’, hay actuaciones de la JEP que exigen cambios para que pueda funcionar como ese tribunal que de una vez por todas ponga el punto final al conflicto.

El impase de ‘Santrich’ fue un golpe contundente a la legitimidad de la JEP. Haber salvado a un mando de las Farc con pruebas en video de narcotráfico luego de la firma de los acuerdos, así fueran pruebas que no siguieran los parámetros regulares de la Justicia, dejó la sensación que era un tribunal con un grave sesgo ideológico. Si le hubieran pasado la papa caliente a la Corte y seguido el procedimiento acostumbrado en los casos de extradición, la JEP hubiera dado un mensaje sin ambigüedades a sus críticos.

Más grave fue que las cosas no pararon allí. Se filtraron los videos de los militares en las audiencias por falsos positivos, lo que es muy bueno en términos periodísticos para que la sociedad sea consciente de las atrocidades cometidas, pero no hubo filtraciones de las audiencias de los líderes guerrilleros. Lo que por lo menos llama la atención del sesgo ideológico de quienes hacen las filtraciones en un tribunal sobre el que hay tanta desconfianza.

Otra perla. El senador Iván Cepeda es un crítico de las actuaciones de Uribe y otros sectores de la política, a quienes quiere llevar a la Justicia por su papel en el conflicto. Eso está muy bien y es totalmente legítimo. Pero es impresentable que al mismo tiempo su esposa trabaje en la JEP como asesora de la unidad de investigación. ¿Qué garantía puede dar que la esposa del acusador trabaje en el tribunal que decide los casos?

Si eso fuera poco, están las imágenes de Cepeda recibiendo a ‘Santrich’ a la salida de la cárcel. De nuevo, eso es legítimo desde el punto de vista político, pero que su esposa trabaje en la JEP es totalmente incompatible en un Estado de Derecho. ¿Qué hubiera dicho Cepeda si el esposo de Eleonora Pineda o Rocío Arias trabajara en el tribunal que juzgaba los paramilitares?

Cuando el hambre se junta con las ganas de comer, diría uno para el caso de la JEP.

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