Caldo de injusticia

Tres años después del atentado con un carro bomba que destruyó el Palacio de Justicia de Cali, el panorama de esta rama del poder público en la ciudad es cada vez más dramático. Más allá de la paquidérmica reconstrucción del Palacio de Justicia, cuyo costo total asciende a $61.000 millones, y las constantes recriminaciones entre el Gobierno Nacional, la Administración Municipal y la Fiscalía por los aportes destinados, lo que resulta preocupante es la postración en que se encuentra la justicia en la capital del Valle. Las cifras son dramáticas: hoy existen más de 23 edificaciones, distantes unas de otras, donde se administra justicia, lo que genera una confusión total entre la ciudadanía. Un 95% de los jueces están trabajando en forma dispersa y en edificios inadecuados para su labor. Como si fuera poco, el número de estos funcionarios es insuficiente. Se estima que en actualmente trabajan en la ciudad 48 jueces de Control de Garantías y Conocimiento, y hay 273 fiscales. Para entender la debilidad del sistema de justicia en la capital del Valle es imperioso conocer que cada uno de estos jueces tramita en promedio 250 casos y, en su mayoría, da prelación a los procesos con personas privadas de la libertad. Y luego las autoridades se desgarran las vestiduras diciendo que la comunidad no denuncia. Pero como aquí todo puede empeorar, en el caso de los jueces del circuito y ordinarios, cada uno puede tener en sus manos 500 procesos. ¿Así quién puede aplicar una sabia justicia?El dramático panorama se complementa con la situación que afrontan los fiscales encargados de investigar homicidios, quienes el año pasado atendieron un promedio de 364 casos, mientras que cada uno de los funcionarios que investiga hurtos recibió hasta 500 casos. De allí se desprende que muchas de las investigaciones no se resuelven y la mayoría de crímenes queden en la impunidad.Si a este peligroso caldo de injusticia le agregamos la corrupción en el sistema, la falta de preparación y capacitación de jueces y fiscales, el cierre de algunas de las unidades de vida que servían para descongestionar el Palacio y el escaso apoyo de las administraciones locales y departamentales, estamos frente a una situación de apremio que pone en riesgo a una ciudad cuando no hay sanción ni judicialización del delito.