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¿Funcionan las instituciones?

El marco constitucional, legal y regulatorio que rige a nuestro país es bueno pero imperfecto; eso sí, lo suficientemente amplio para poder gobernar.

21 de marzo de 2024 Por: Gabriel Velasco

En los últimos días, nos han llevado a una discusión que, de ser cierta su hipótesis, podría ser muy grave para el país, tal como lo plantean Acemoglu y Robinson en ‘Por qué fracasan los países’, quienes sostienen que lo que causa esto es que las instituciones no funcionen.

Toda esta semana se ha discutido en profundidad la conveniencia o no de una posible Asamblea Constituyente; sin embargo, creo que es igual de pertinente analizar la justificación que se argumentó para mostrar su necesidad.

La razón principal para acometer la Constituyente es que las instituciones que tiene hoy el país no funcionan. Lo primero que habría que decir es que, si Acemoglu y su colega tienen razón en su best seller mundial, los problemas que tenemos —que creo que son lo suficientemente estructurales y complejos de resolver— darían para pensar que nuestro país fracasó.

Lo segundo que tendríamos que analizar es si de verdad las instituciones que tenemos funcionan o no. No pretendo revisarlas todas, pero sí las más importantes en un Estado de derecho, como las que son el peso y el contrapeso del Ejecutivo.

Algunos aducen que al gobierno, el Congreso y las Cortes no lo están dejando gobernar. Miremos qué tan cierto es esto:

Las Cortes han fallado unas veces a favor y otras en contra del actual gobierno, como también lo han hecho con anteriores mandatarios. La Corte Suprema nombró a la nueva Fiscal de la Nación, que provenía de una terna presentada por el Presidente de la República. La Corte Constitucional declaró exequible la Paz Total, sin embargo, le deja al Congreso la facultad de establecer las condiciones para el sometimiento a la justicia de las bandas criminales organizadas. La Corte declaró inexequible la emergencia en la Guajira y algunos artículos del plan de desarrollo. El Consejo de Estado no permitió al Gobierno Nacional regular los servicios públicos.

El Congreso también ha estado a favor y en contra de las iniciativas de este gobierno. Le aprobó la reforma tributaria, el plan de desarrollo, la Paz Total, la jurisdicción agraria, al campesinado como sujeto de derecho, entre otras. Hundió la reforma política, la reforma laboral, que la volvieron a presentar y hoy cursa nuevamente primer debate en la Cámara; parece que la reforma a la salud está en cuidados intensivos, con la proposición de archivo de ocho senadores.

Como podrán inferir, no será posible en este corto espacio considerar si todas las instituciones funcionan, pero los pesos y contrapesos que se establecieron en la Constitución del 91 parecen estar cumpliendo su rol. Otra discusión es que, para algunos, estas no funcionen o no los dejen gobernar.

El marco constitucional, legal y regulatorio que rige a nuestro país es bueno pero imperfecto; eso sí, lo suficientemente amplio para poder gobernar. También establece los instrumentos para realizar los cambios, cuando los gobernantes o los ciudadanos pretendan generarlos. Y así se ha hecho, cosa distinta es que no hayan logrado avanzar al ritmo que el gobierno quiere dentro del marco institucional.

En fin, realizar o no una Constituyente estará rondándonos. De lo que sí estoy seguro es de que las Cortes y el Congreso están cumpliendo con su rol democrático de ser el equilibrio del Ejecutivo dentro de un Estado de derecho.

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