Justicia

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Justicia

Febrero 21, 2020 - 11:50 p. m. Por: Fernando Cepeda Ulloa

Se vuelve a hablar de una Reforma de la Justicia. Algunos llevan la contabilidad de los fallidos intentos. Y en ese inventario no incluyen el más ambicioso que fue la propuesta que presentó el presidente López Michelsen, hace 42 años, de una Asamblea Constitucional cuyo objeto era doble: reformar la Justicia y diseñar un nuevo esquema de descentralización.

La Constitución de 1991, esa sí Constituyente, porque no tenía limitaciones, introdujo grandes transformaciones. La más significativa, la Corte Constitucional cuyo prestigio internacional, bien merecido, es enorme. Y la herramienta de la tutela para la protección de los Derechos Fundamentales. No sé de otro recurso jurídico más popular, más apreciado aún por quienes fueron sus detractores. Su existencia ha servido, además, para mostrar las falencias protuberantes tanto del Sistema de Justicia como del propio Poder Ejecutivo. El sector salud no se entiende sin evaluar el papel que ha jugado la tutela. ¿Exagerado, inconveniente?: hay estudios al respecto que muestran cómo la tutela y el funcionamiento del sector salud van juntos. Inusitado.

El Consejo de la Judicatura que debía administrarla y disciplinarla resultó un fracaso enorme. Su desprestigio es y ha sido notorio.

Otras innovaciones, como el procedimiento para el nombramiento de magistrados y jueces están muy cuestionadas.

Peor ha sido la manera como diversas formas de corrupción la han contaminado. El Cartel de la Toga es la mayor mancha histórica.

La creación de la Fiscalía y la introducción del Sistema Acusatorio no han satisfecho las altas expectativas. La corrupción del Fiscal Anticorrupción ya dejó un grave manto de duda sobre la institución. Francisco Barbosa tiene una tarea descomunal.

Dos factores que no se mencionan con el énfasis debido, requieren máxima prioridad.

El primero: es indispensable elevar la calidad y la actualización de buena parte de las facultades de Derecho. El segundo: la revolución digital tiene que cambiar la enseñanza y la práctica del Derecho. Y, claro está, hacer más eficaz, creíble y coherente la Administración de Justicia. Por eso esta reforma no puede parecerse a los intentos fracasados. La digitalización puede salvar la reforma.

El sector de Justicia ha sido muy estudiado. Recordemos las investigaciones pioneras del Instituto SER. O las que desde el Banco Interamericano promovió Fernando Carrillo. Y las que, con alguna insistencia, adelantó el Banco Mundial por allá en los años 90. Una profesional de origen griego, María Dakolias, adelantó investigaciones generales y específicas sobre América Latina y Colombia, referidas al sector judicial. No recuerdo cuántas veces la entrevisté en Washington, supongo que sus estudios y sus recomendaciones han sido tomados en cuenta. Buscaban superar los problemas de congestión, acceso, calidad de los servicios e ineficacia. Recuerdo también que coordiné cinco estudios financiados por el Banco de la República para Fedesarrollo en temas similares y en el muy importante de mecanismos alternativos de resolución de controversias.

Recuerdo también haber llevado al administrador de las Cortes de Nueva York, Steven Flanders, a quien puse en contacto con el Consejo de Estado. Allí explicó cómo funcionaba este Ejecutivo e inclusive cómo se manejaba el tema de seguridad de las Cortes. Esto, 15 días antes del holocausto en el Palacio de Justicia. El propio Flanders escribió en la Revista Judicature, un ensayo sobre la administración de las Cortes en Colombia. Y la Ocde puede ofrecernos muchas soluciones.

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