Apoyemos

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Diciembre 07, 2018 - 11:50 p.m. Por: Fernando Cepeda Ulloa

Ya casi. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha informado que la ‘Reforma Política’ contempla, por fin, la financiación total estatal de las campañas electorales.

Es una noticia excelente. Sin duda, la principalísima medida anticorrupción. La más significativa para prevenirla. Existen otras muy eficaces para denunciarla y castigarla. Esta decisión es un avance digno del mayor aplauso. Y por eso lo que debe ocurrir -y no está ocurriendo- es el apoyo de la sociedad civil a esta necesaria decisión. Ha tomado décadas. Pero es que si queremos recuperar la confianza en la política, en los políticos y en las instituciones, es indispensable ponerle fin a esa tronera por la cual todas las formas del crimen organizado estaban corrompiendo el sistema político, las políticas públicas y el desarrollo de las obras, bien sea de infraestructura o en otros sectores.

La financiación privada así fuera parcial, que en algunos casos nunca lo fue, de las campañas electorales, sin duda contaminó con los peores vicios el quehacer político y administrativo. Lo que hemos visto es que ha tenido un efecto desastroso que ha llegado hasta el punto de crear una relación inaceptable entre crimen y política.

Y esta decisión sobre la financiación estatal total está complementada con la eliminación del voto preferente y la reintroducción de la lista cerrada para la elección de congresistas, diputados y concejales. Se supera así la fórmula nefasta del voto preferente que le hizo un daño descomunal a los partidos políticos y abrió no sé cuántas troneras para quienes estaban interesados en capturar las políticas públicas en todos los niveles.

Los partidos políticos, tan venidos a menos, tienen una oportunidad de oro para reconstituirse y recuperar algo de la confianza perdida. Si estas dos decisiones se aprueban finalmente, la calidad de la vida democrática comenzará a recuperarse rápidamente. Es que estas troneras encarecieron dramáticamente el costo de las elecciones porque esa era la manera de encontrar una oportunidad para la financiación ilegal de las campañas individuales.

Así surgió el político-contratista (concepto que divulgó el expresidente César Gaviria, sin encontrar eco); y, así también, aparecieron las empresas político-criminales a las que se refirió Edgardo Maya como contralor general, en varias ocasiones. Dos diagnósticos que pasaron desapercibidos cuando han debido conmover hasta lo más profundo a los ciudadanos de todas las condiciones. Tan insensibles nos habíamos vuelto, tan desentendidos de los escandalosos e intolerables niveles que estaba alcanzando la corrupción en Colombia. Tan cierto es ello que ahora este anuncio de la Ministra del Interior no da lugar a comentario alguno.

He visto naufragar varias veces esta reforma política. Tenemos el deber de apoyarla con entusiasmo para que en el proceso legislativo todavía pendiente, no la eliminen ni la ablanden. Ya fue escandaloso que la Comisión Especial que se creó a raíz del Acuerdo Final, no hubiera recomendado la financiación estatal total. Inexplicable. Una razón adicional para estar vigilantes y así asegurar que sea finalmente incorporada a nuestro régimen jurídico.

Con Néstor Humberto Martínez, antes de ser fiscal, coincidimos en recomendar estas iniciativas en el Congreso de la Cámara de Infraestructura, que dirige Juan Martín Caicedo, quien ha sido pionero en introducir mecanismos de integridad en la vida gremial.

Esta dimensión de la Reforma Política augura un buen progreso en la lucha contra las redes criminales.

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