Elementos de un Pacto Fiscal

El nuevo presidente, quienquiera que sea, recibirá una situación fiscal muy deteriorada. El déficit fiscal y la deuda pública están en niveles elevados, y las promesas electorales de inversión social, infraestructura, seguridad y transición energética presionan el gasto público. Al mismo tiempo, la capacidad de aumentar los ingresos tributarios mediante nuevas reformas es limitada debido al desgaste político.

La principal dificultad radica en la inflexibilidad del presupuesto público. Más del 90 % del gasto está determinado por normas constitucionales, obligaciones legales, transferencias territoriales, servicio de la deuda, sistema pensional y gastos difíciles de modificar como el militar, la educación y la rama judicial.

En estas condiciones, ningún ajuste basado exclusivamente en recortes de gasto o aumentos de impuestos será viable económica ni políticamente. La única alternativa sostenible es la construcción de un gran Acuerdo Nacional, que incluya un Pacto Fiscal, cuyos objetivos deben ser recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, reducir gradualmente el déficit, estabilizar la deuda pública y preservar la capacidad del Estado para financiar las inversiones que necesita el desarrollo económico y social. Para que sea políticamente viable, ese pacto debe distribuir las cargas del ajuste entre todos los sectores de la sociedad.

El primer componente debe ser una racionalización del gasto público. Para exigir nuevos sacrificios a los contribuyentes, el Estado tiene la obligación de demostrar que utiliza eficientemente los recursos que ya recibe. No se trata de recortar con motosierra el 40 % del Estado, sino de reducirlo con bisturí para hacerlo más eficaz, como dijo la exministra Clara López.

El segundo componente es una estrategia tributaria. Colombia necesita mayores ingresos permanentes, pero no necesariamente más impuestos. El esfuerzo debería concentrarse en combatir la evasión y la elusión, reducir exenciones injustificadas y ampliar las bases gravables. El objetivo es ser un sistema más estable, simple y equitativo.

Un tercer elemento debe involucrar a los gobiernos territoriales para lograr una mejora sustancial en la gestión tributaria local: la actualización catastral, el fortalecimiento de los ingresos propios y una mejor priorización del gasto local deben formar parte del acuerdo.

El crecimiento económico debe convertirse en un componente explícito del pacto. La política de reindustrialización, la revolución agraria, el aumento de la productividad, el estímulo a la inversión privada, o la promoción de exportaciones no son objetivos independientes de la política fiscal; son condiciones para su éxito. Ningún país ha resuelto de manera sostenible sus problemas fiscales en medio del estancamiento económico.

El principal obstáculo para construir este acuerdo es político. Todos los sectores reclaman responsabilidad fiscal, pero casi siempre esperan que el sacrificio lo haga alguien más. Los empresarios defienden sus beneficios tributarios, los sindicatos sus prerrogativas, los gobiernos territoriales sus transferencias, los congresistas sus partidas presupuestales y los ciudadanos los subsidios que reciben. El resultado es que todos reconocen el problema, pero nadie acepta asumir parte de la solución. Todos toman.

Por eso el verdadero desafío del próximo presidente no es destripar a la oposición, sino reconocer que gobierna para todo el país y convocar a empresarios, trabajadores, gobiernos territoriales, academia y organizaciones sociales para construir un acuerdo de largo plazo. Ningún sector obtendrá todo lo que quiere y todos tendrán que hacer concesiones, pues si todos insisten en preservar sus privilegios particulares, las finanzas públicas se deterioran más y los ajustes futuros serán mucho más costosos para todos. Todos ponen.