Columnista
El silencio sobre lo esencial
El próximo presidente no recibirá un país estable, sino uno con retrocesos acumulados que exigen decisiones firmes, visión de Estado y sentido de responsabilidad histórica.
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30 de nov de 2025, 01:34 a. m.
Actualizado el 30 de nov de 2025, 01:34 a. m.
Colombia entra a la campaña presidencial de 2026 con un balance incómodo: mientras el país acumula retrocesos en áreas esenciales, la política parece avanzar por un carril paralelo. Terminó la restricción a las encuestas y, reapareció una radiografía ciudadana que desmiente cualquier relato triunfalista. La inseguridad, la corrupción, el desempleo y la crisis en salud encabezan las preocupaciones nacionales, seguidas por la economía, el empleo y el llamado urgente a restablecer una institucionalidad debilitada. Son prioridades contundentes, no simples opiniones.
En seguridad, los datos revelan un deterioro imposible de ignorar. Entre enero y octubre de 2025 se registraron 11.324 homicidios, superando el registro del año anterior. En el Índice Global de Paz, Colombia cayó al puesto 146 entre 163 países, la peor posición de América Latina. En seguridad ciudadana ocupamos el 160, rozando el fondo de la tabla junto a territorios marcados por conflictos armados. A esto se suma un costo económico que debería encender todas las alarmas: la violencia representa el 34 % del PIB. Ningún país puede sostener semejante lastre sin pagar un precio social y político profundo.
La situación es aún más grave cuando observamos sus efectos sobre la niñez. Unicef verificó 453 casos de reclutamiento infantil en 2024, un incremento del 64 % en un solo año. Cada 20 horas, un menor es reclutado por estructuras armadas, cifra que habla de violencia y de un Estado perdiendo presencia en territorios donde debería ser inevitable.
El narcotráfico continúa alimentando parte de esta crisis. Las mediciones internacionales señalan 261.000 hectáreas de coca y una producción potencial de 3001 toneladas de cocaína, cifras que superan las de años anteriores. Más allá de los debates metodológicos, el impacto es evidente: expansión criminal, corrupción institucional, desplazamientos, extorsión y un retroceso en la capacidad del Estado para gobernar amplias zonas del país.
La salud tampoco escapa al deterioro. Las tutelas, convertidas en barómetro del colapso, pasarán de 156.357 en 2022 a una proyección cercana a 315.000 para 2025. El doble de hace tres años. Cuando cientos de miles de ciudadanos deben acudir a los jueces para acceder a servicios básicos, el sistema ya no enfrenta un problema, sino una crisis estructural.
En materia de corrupción, el índice de Transparencia Internacional ubicó a Colombia en el puesto 92 entre 180 países, una caída de cinco posiciones en un año. Y en economía, aunque hubo un repunte limitado del crecimiento, persisten señales de fragilidad: la inversión extranjera cayó 20 % en 2025, la informalidad laboral se mantiene en 55 % y las exportaciones están por debajo de las registradas en 2022. Son cifras que muestran un país sin una ruta clara de competitividad.
La educación sigue siendo uno de los pilares más rezagados. Aunque aumentó la inversión en el sector, persisten la deserción, la baja calidad en la educación básica y media, y una cobertura insuficiente en la crucial educación preescolar. Sin resolver estas brechas, cualquier intento de desarrollo será apenas un remiendo.
Aun así, el debate político no refleja la urgencia de estos desafíos. Mientras el Gobierno ya tiene candidato definido, y conocemos los efectos del continuismo, la oposición sigue atrapada en discusiones internas que poco aportan al país real. La campaña arranca sin que los temas esenciales ocupen el lugar central que deberían tener. Y los debates para escoger los candidatos deberían girar alrededor de propuestas. Los problemas están ahí, documentados, visibles, afectando la vida de millones, pero ausentes en las narrativas que dominan la agenda pública.
El próximo presidente no recibirá un país estable, sino uno con retrocesos acumulados que exigen decisiones firmes, visión de Estado y sentido de responsabilidad histórica. Colombia no puede permitirse otra campaña centrada en distracciones ni en discursos que eviten el fondo de los problemas. Es necesario mirar de frente la gravedad del momento y asumir que no hay tiempo que perder. Nos están ganando la parada: la violencia, las economías ilegales, la corrupción, la desinformación y la indolencia política.
Si esta campaña no devuelve la conversación a lo fundamental, si no se asume la magnitud de la situación con honestidad, el futuro mandatario no solo heredará un país debilitado: heredará uno que se acostumbra a perder sin protestar.

Psicóloga de la Universidad del Valle con Maestría en Ciencia Política de la Universidad Javeriana, Estudios en Negociación de Conflictos, Mediación y Asuntos Internacionales. Columnista, concejal de Cali durante 2 períodos y senadora de la República durante 16 años. Presidenta del Congreso de la República, Ex embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, Ex ministra de Relaciones Exteriores.
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