El abismo del suroccidente

Con menos del 20 % de la población nacional, los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca concentran casi el 30 % de los homicidios del país y una proporción similar de las afectaciones contra la Fuerza Pública, confirmando a través de estos indicadores que el suroccidente es hoy el epicentro de la violencia en Colombia.

En los tres primeros departamentos la violencia es abrumadoramente rural y se sostiene en corredores cocaleros que producen el 31 % de la cocaína nacional, es decir, una economía ilícita de 8 billones de pesos al año. A ese poder criminal se suma la minería ilegal, que mueve en la región una cifra similar. En el Valle del Cauca la violencia adquiere un rostro urbano: extorsión, sicariato y el dominio de las rutas del narcotráfico y del lavado de activos.

Los billones de pesos de la economía ilícita no se convierten en escuelas ni hospitales: se transforman en fusiles, explosivos y en los salarios de milicianos y sicarios que imponen su poder con violaciones sistemáticas de derechos humanos. En el suroccidente los ataques contra policías y soldados duplican o incluso multiplican por ocho el promedio nacional de 3 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el Estado asigna a esta región menos del 25 % de los recursos de seguridad.

El resultado de esta confrontación asimétrica son cifras que superan los 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio nacional de 24. Lejos de la retórica de una ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, el suroccidente es la vitrina mundial de la violencia y el crimen. La verdadera magnitud permanece parcialmente oculta por el desmantelamiento de inteligencia y por el periodismo local que sobrevive tenuemente bajo amenaza constante.

El suroccidente no solo paga con sangre. Cada año, el crimen le arrebata hasta un 3 % de su PIB, reduciendo en un 50 % los ingresos de los más vulnerables. A esta precariedad se suman los bloqueos en la Panamericana, los retenes ilegales a plena luz del día, los carros bomba que se han vuelto rutina y las tractomulas incendiadas como advertencia. Ni siquiera el café y el azúcar escapan al asedio. En lo que va del 2025, Fedetranscarga documentó pérdidas por más de 6300 millones de pesos en cargamentos de café saqueados en la ruta Pasto–Buenaventura. Y producto de la caña de azúcar robada, trapiches ilegales operan 24 horas sin control en tierra de nadie.

El suroccidente es el talón de Aquiles de Colombia, y la comunidad internacional ya toma nota. The Economist advirtió que el país está “abriendo las puertas del infierno”. En Washington, la alarma es aún más concreta: la Casa Blanca ha exigido a Bogotá controles sobre los precursores del fentanilo (droga que mata a 80.000 estadounidenses cada año). Ante esa petición, el silencio del Gobierno terminó en la descertificación antidrogas. La pregunta es inevitable: ¿y si los narcotraficantes colombianos, aliados con carteles mexicanos, ya producen fentanilo en el suroccidente? Las consecuencias serían devastadoras.