Narcocultivos: acabó el recreo

Un agricultor tiene una hacienda ubicada en la frontera colombo-ecuatoriana. Alrededor de la mitad del predio está en territorio ecuatoriano y la otra mitad, en Colombia.

En la parte localizada en Ecuador, el agricultor siembra cacao. Y en la ubicada en Colombia, coca. Cuando le preguntan por qué esa diferencia, el hombre responde, con la mayor naturalidad: “Muy fácil, es que en Colombia sembrar coca es legal”.

Esta historia, que me relató un periodista que trabaja en un periódico en Quito, refleja las nefastas consecuencias que tuvo la errática política antidrogas de Juan Manuel Santos.

Para darles gusto a las Farc, Santos bajó la presión sobre los cultivos ilícitos y el resto de la cadena del narcotráfico. Resultado: como le ocurre al agricultor de marras, mucha gente está convencida de que cultivar coca aquí es legal. O, al menos, que no es ilegal.

Incluso, varios funcionarios del gobierno anterior proclamaban que a las siembras de coca y de marihuana no se les debía denominar cultivos ilícitos, sino cultivos de USO ilícito.

¡Vaya cretinada! ¿cuantas de las hojas de coca que se producen en las 170.000 hectáreas sembradas en este país se USAN para algo diferente que producir cocaína?

La política ingenua y laxa con la que el gobierno Santos enfrentó el tema de los narcocultivos no solo hizo que los campesinos le perdieran el temor a sembrar coca y marihuana, sino que incentivó esas siembras. Cuando la gente se enteró de que el gobierno pagaba millonadas a quien sustituyera esos cultivos, muchos se animaron a embarcarse en ese negocio.

No es una casualidad, entonces, que tengamos más hectáreas sembradas de coca que en la época de Pablo Escobar. Esa expansión de los cultivos ilícitos es la principal causa de la violencia que se vive, precisamente, en las zonas más afectadas con ese crecimiento.

Vaya paradoja: el gobierno de Santos, en aras de firmar la paz con las Farc, bajó la guardia en la lucha contra los cultivos ilícitos. Y ahora resulta que el crecimiento de esos cultivos es la principal amenaza contra la paz que firmó Santos.

Lo cierto es que al gobierno de Iván Duque no le queda otro camino que adoptar una política seria en contra del narcotráfico y, por encima de todo, llevar esos cultivos a sus justas proporciones.

No hay necesidad de ser experto en el tema para entender que la política de sustitución voluntaria no puede ser indefinida, ni para todo el mundo. Esa posibilidad solo se le debe brindar a los pequeños cultivadores. Y a esa generosidad hay que ponerle un plazo. Al cabo del cual hay que darle paso a la erradicación forzosa.

Cuando estemos en esa etapa, los pequeños cultivos pueden ser erradicados manualmente o con fumigación terrestre. Y contra las grandes plantaciones no cabe otro antídoto que la fumigación aérea.

Así pongan el grito en el cielo los militantes de la socialbacanería criolla, a los que les importa un pito el daño irreparable y evidente que la expansión de los narcocultivos le está produciendo a nuestros bosques y a nuestras fuentes de agua, pero que viven obsesionados por el daño, no demostrado científicamente, que la fumigación con glifosato causa.

Lo cierto es que en este tema o nos amarramos los pantalones o nos convertimos en el narcoestado que estuvimos a punto de ser en los años 90.

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