El nuevo Pacificador

Hace 200 años aterrizó en estas tierras Pablo Morillo, a quien el rey Fernando VII entregó la misión de pacificar las colonias americanas que se habían sublevado contra España. Por el régimen del terror que impuso, Morillo se ganó el remoquete de El Pacificador. Hoy, dos siglos después, parece que a otro chapetón le han encomendado una tarea similar: pacificar a esta convulsionada excolonia ibérica. El nuevo Pacificador se llama Enrique Santiago, abogado izquierdoso contratado por Noruega --uno de los países facilitadores del proceso de paz de La Habana-- para que actúe como asesor jurídico de las Farc. Llama la atención que los servicios de Santiago sean pagados por Noruega. Ni que las Farc requirieran limosnas. ¡Si con las ganancias que les da el narcotráfico podían pagar al mismísimo Perry Mason! Lo cierto es que este nuevo Pacificador, con armas diferentes a las de antecesor --las suyas son un poderoso arsenal verbal-- parece también estar empeñado en imponer un régimen de terror, para convencernos de que la paz debe pactarse al precio que sea. Lo que llama la atención es que nuestros periodistas radiales, que suelen ser tan pugnaces con sus entrevistados, se dejen apabullar por el señor Santiago. Parece que no hemos superado el complejo de inferioridad que nos causan los chapetones desde tiempos de la Colonia. Sin duda, una de las labores que le han encomendado las Farc a su Pacificador es aclimatar la idea de que sus cabecillas deben ser amnistiados. Para ello ha comenzado a ventilar la peculiar idea de que el conflicto colombiano enfrenta a dos bandos iguales, con igual legitimidad y con similares capacidades militares. Y que, por tanto, si los jefes de la guerrilla son sometidos a la justicia, todo el Estado colombiano debe someterse a ella. Vamos por partes. Aquí no han chocado dos bandos iguales. Lo que habido es el levantamiento en armas de una minoría contra un estado legítima y democráticamente constituido. Con el agravante de que esos alzados en armas han incurrido en toda clase de delitos para financiar su insurrección.Por tanto, es un despropósito poner al mismo nivel a un gobernante elegido democráticamente con un bandido que ha cimentado su poder en la violencia y en la criminalidad. Sin duda, algunos de esos gobernantes han cometido delitos y por ello deben ser sancionados, pero ninguno de ellos ha dirigido una organización cuyo propósito sistemático es violar la ley, como es la guerrilla. Además, es cierto que en este conflicto no ha habido ni vencedores ni vencidos, pero también lo es que, en el momento de sentarse a dialogar, el Estado estaba mucho más cerca de derrotar a la guerrilla, que aquella a su enemigo. Lo admite alguien tan imparcial como el expresidente de Costa Rica y nobel de Paz Óscar Arias, quien esta semana dijo: “No quiero pensar que (las Farc) desechen esta oportunidad que el Gobierno les da. Ellos son los que más perderían si se descarrila el proceso de paz”.Pueda ser que el nuevo Pacificador haya tomado nota de esta recomendación que un Nobel de Paz, ni más ni menos, les da a sus apoderados. Porque así como los colombianos tenemos claro que en aras de la paz hay que hacer concesiones y tragarse sapos, las Farc deben saber que asumir que son pares del Estado colombiano puede conducir a que, como advierte Óscar Arias, el proceso de paz “se descarrile”.