De la salida de Petro, transiciones y auditorías

El equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella ha anunciado el inicio de una auditoría de todos los posibles actos de corrupción del gobierno saliente, además de los ya conocidos por el país. Pocas transiciones de poder en Colombia han transcurrido en medio de circunstancias tan tensas como las actuales. Y dada la gravedad de los escándalos conocidos, se hace necesario que el nuevo gobierno indague por todas las posibles irregularidades de la administración Petro.

Pero esta auditoría no puede reemplazar a la justicia colombiana y es necesario que las autoridades investiguen todos los escándalos de corrupción y malos manejos de los recursos públicos. Toda Colombia ha sido testigo del uso descarado del presupuesto y la burocracia por parte del presidente Petro para beneficiar a su candidato Iván Cepeda: en la antesala de las elecciones y entre primera y segunda vuelta, el presidente Petro entró en modo de campaña, viajando a las regiones donde más necesitaban apoyo ciudadano para dar discursos y liderar eventos. La agenda del gobierno se convirtió en una de campaña, mientras funcionarios de la administración nacional se empeñaron en promover la candidatura de Cepeda.

Y si bien la Procuraduría ha tomado cartas sobre el asunto –aunque insuficientes–, está lejos de conocerse el resultado final de las investigaciones por cuenta de la participación indebida del gobierno en la campaña presidencial. El uso del sistema de medios públicos en apoyo a la candidatura de Cepeda en primera y segunda vuelta ha sido ampliamente denunciado y visible, mientras que los medios que deberían ofrecer garantías de imparcialidad han tomado abierto partido mientras son pagados por los impuestos de toda la ciudadanía.

Entre otras cosas, esta auditoría debería revisar los entregables de los cientos de contratos que el gobierno Petro le entregó a los opinadores digitales a favor del presidente Petro, y verificar si se cumplieron objetivos claros. La forma en que el gobierno saliente construyó un aparato de propaganda digital de radicales e insultadores pagados por los impuestos de toda la nación no puede ser olvidado ni la justicia puede ignorarlo. Es aquí cuando debemos pedirle al gobierno entrante, sobre todo, que ponga fin a esta práctica que tuvo inicio con la administración Petro y no que simplemente cambie de bando.

Y así como la auditoría liderada por el gobierno entrante necesariamente indagará por las gravísimas irregularidades cometidas por el gobierno Petro en el marco de la negociación de la llamada paz total, es urgente que la justicia colombiana –e internacional, en muchos casos– sancione todas las posibles alianzas entre funcionarios del gobierno Petro y jefes de organizaciones ilegales. Este escándalo que incluye beneficios a estructuras armadas a cambio de apoyo político es uno de los más graves hechos de las décadas recientes y no puede quedarse en nada. Una cosa es negociar la paz y otra es entregar todas las licencias imaginables a la ilegalidad a cambio de los más oscuros beneficios e intercambios.

Entre más queda claro que todos los hechos de corrupción del gobierno saliente enfrentarán consecuencias y que la administración entrante no se quedará de brazos cruzados a la hora de denunciarlos, más sube el tono del presidente Petro y su excandidato Cepeda, acompañado por su ya conocido llamado a “las calles” en rechazo a lo que denominarán persecución. El país debe saber que hechos tan graves como la participación abierta de Petro y el gobierno en la campaña presidencial o los oscuros intercambios de la llamada paz total encienden todas las alarmas de los valores de la ética pública, y que denunciarlos está lejos de constituir un complot. El petrismo decidió liderar uno de los gobiernos con peor manejo de los recursos públicos en las décadas recientes y ahora no puede alegar que decirlo en voz alta sea una persecución.

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FERNANDO POSADA