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Sobre fallos y debates

Octubre 27, 2019 - 11:55 p. m. Por: Claudia Blum

Esta vez la Corte Constitucional no pasó por alto los vicios de procedimiento que no previó el Congreso en la Ley de Financiamiento antes de enviarla a sanción presidencial. Esperaremos el contenido íntegro de la sentencia y los tres salvamentos de voto para conocer más las razones, pues, aunque algunos piensan que al declarar inexequible la norma se defendió la institucionalidad, el problema es que en otros fallos la Corte no ha actuado con la misma rigurosidad y a veces sus decisiones generan desconcierto. Como ocurrió cuando, con argumentos muy débiles dio la bendición a que exguerrilleros responsables de vejámenes sexuales contra los niños puedan beneficiarse de las laxas sanciones de la JEP y eludan las penas de la Justicia ordinaria. Para la economía y la vida nacional siempre es deseable que la Corte sea consecuente en sus decisiones al estudiar la constitucionalidad de las normas, por razones de forma o de fondo, y que asegure que los criterios jurídicos sean aplicados con rigor en todas las leyes independientemente del tema.

En todo caso, lo ocurrido con la Ley de Financiamiento nos recuerda que el Legislativo, como responsable de hacer las leyes, debe velar por que su trámite cumpla las formalidades del caso. Es obligación de los presidentes de Cámara y Senado asegurar que los tiempos, publicidad, deliberaciones, quórums, y conciliaciones se cumplan, para que las leyes puedan tener un trámite riguroso, ajustado al ordenamiento jurídico. Y esto incluye la publicación de los textos que se requieren como garantía de transparencia para que las diferentes fuerzas políticas puedan expresar sus opiniones, y para que se den los debates que son el espacio natural en el que ese Foro de la democracia examina los proyectos y sus consecuencias.

Ahora bien, como el Congreso es un cuerpo deliberativo, será inevitable que frente al texto que ha sido radicado se realicen nuevos debates y aparezcan propuestas de modificación. Esas son las reglas de la democracia. Esta no fue una ley fácil de aprobar y sabemos que sus temas despiertan discusión en distintos sectores políticos, sociales y económicos. Pedir que no se cambie nada, es una expectativa extrema.
Lo que sí espera el país es que, con criterio técnico, en las discusiones el norte sea la conveniencia para el país. El Gobierno presentó el proyecto tal como salió el texto del Congreso y es deseable que si hay cambios sean para mejorarlo, sin acabar con los beneficios de su contenido, que saltan a la vista. El haber quitado el IVA a las importaciones de maquinaria ha permitido la actualización de las tecnologías y equipos, lo que fortalece la producción y el empleo. Las reformas en el impuesto de la renta permiten equiparar a Colombia con otros países y mejora la competitividad de la producción local. Los incentivos a la economía naranja estimulan las industrias creativas.

Estas y otras medidas han reactivado la inversión nacional y extranjera, y la creación de empleos. Los últimos datos de la Ocde para 2019, indican un crecimiento nacional del 3,4% en el PIB, por encima del promedio mundial y muy superior al latinoamericano. Por eso, es importante que los opositores del gobierno en el Congreso no busquen frustrar esos logros, no dilaten la discusión, aprueben el proyecto antes de fin de año, y no frustren el crecimiento que es condición vital para avanzar también en empleo y desarrollo social.

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