Un falso dilema

Mientras los más interesados (la Junta de Acción Comunal, la Asociación de Vecinos, Planeación Municipal, el Comité de patrimonio, el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, la Secretaría de Turismo y algunos ciudadanos conscientes) se reúnen cada vez con más frecuencia, buscando proteger los valores patrimoniales de San Antonio, su situación sigue sin resolverse corriendo el riesgo de que no sea pronto el mejor vividero de Cali: fresco, agradable, tranquilo y bonito, y al lado del centro histórico, al cual por supuesto debería pertenecer.

Pero se continúan demoliendo sus casas, pese a estar prohibido allí, y en toda la ciudad, hacerlo sin permiso, se cubren sus patios y se talan los árboles de sus solares, los carros continúan subiéndose a los andenes y obstaculizando el acceso a los garajes e incluso al de algunas casas, y por supuesto ocultando las fachadas que se intentan proteger por su valor urbano arquitectónico y cultural, la gente sigue teniendo que caminar por las calzadas pues no se puede por muchos de sus andenes, y las motos y no pocos carros siguen circulando en contravía, y los robos de carros han aumentado.

Están ya en curso en Cali las llamadas UPU, Unidades de Planificación Urbana, en este caso la UPU 9, que se sumaría a las muchas normas existentes, y el ser la Capilla de San Antonio un BIC, Bien de Interés Cultural, y de nivel nacional, obliga por ley la elaboración de un Pemp, Plan Especial de Manejo y Protección, propio, junto con el Ministerio de Cultura, y cuya área de influencia es la colina de San Antonio, el Parque del Acueducto y las manzanas aledañas, o sea medio barrio, que por lo demás no sería excluyente mutuamente con las normas actuales ni con la UPU 9. Más vale, lo que sí habría que hacer sería agruparlas, precisarlas si es del caso y suprimir las repeticiones.

En conclusión, el problema de San Antonio no es la falta de normas si no de control: ni la Policía , ni los guardas de Tránsito, ni las diferentes Secretarías de la Administración Municipal que tienen que ver con el tema, lo han asumido. Con lo fácil que sería: exigir permisos, suspender obras, poner multas, y educar a muchos de sus propietarios, habitantes y visitantes en el tema del valor del patrimonio inmueble, el que no es apenas cultural, sino también social, económico y ambiental, y por lo tanto político.

Como lo define el DLE, el patrimonio histórico es el “conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la legislación. Y aun cuando en el caso de San Antonio, con excepción de la capilla, levantada en 1747, es de apenas poco más de un siglo, su valor para toda la ciudad es grande pues es lo único de tradición colonial que le queda, junto con la Torre Mudéjar, las iglesias vieja y nueva de San Francisco, el conjunto de la Merced, iglesia, convento y algunas casas, y la peculiar traza urbana del Centro.

Junto con la normativa administrativa, hay que hacer referencia al régimen de protección penal del patrimonio lo que por lo demás se regula en el nuevo Código de Policía. Y las leyes vigentes, y al menos desde la Ley 163 del 30 de diciembre de 1959, Ley de Defensa y Conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Monumentos Nacionales, castigan a los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental. Pero en Cali parecería que ya no son vigentes.

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