La reforma política es una farsa

El trasteo de efectivo en chuspas y morrales atribuido a ciertos líderes del Pacto Histórico, hacía prever que el nuevo gobierno no buscaría erradicar la corrupción de la vida pública. La vinculación al Pacto de la zurrapa multipartidista del Congreso y la reforma política que cursa, demuestran que no estábamos equivocados quienes tuvimos aquel temor.

La cuestión es sencilla: los ciudadanos no queremos que los politiqueros continúen desvalijando al Estado. Es la robadera perpetrada por muchos de ellos la que imposibilita solucionar las necesidades económicas y existenciales de los colombianos; es esa circunstancia la que en buena proporción impide crear oportunidades, derrotar la exclusión y la pobreza, ser productivos y competitivos.

Taponar el desangre ocurrido a través de la gestión pública debería ser el propósito de la reforma política. Pero lo que están tramitando es un engañabobos, farsa y payasada, orientados a servir ambiciones de los partidos que se vendieron y de las personas que tienen captado, cooptado y copado el manejo estatal.

Los cambios que anhelamos en el escenario público son de sentido común, se basan en el principio de que servir al país es una responsabilidad que no da lugar a privilegios, y su enumeración cabe en los dedos de una mano:

1-Decretar la muerte política a cualquier miembro de las corporaciones públicas que, directa o indirectamente, busque direccionar la contratación oficial o la asignación de cuotas burocráticas y empleos. Esto evitaría que políticos ladrones recuperen con pingües rendimientos lo ‘invertido’ en sus campañas.

2-Prohibir el tratamiento excepcional a favor de los miembros de las corporaciones en materia salarial, tributaria, pensional, seguridad personal, etc. Sus condiciones deben ser iguales a las de la generalidad de los ciudadanos.

3-Disponer que los pagos y manejos financieros de funcionarios públicos, miembros de corporaciones y candidatos se hagan por el sistema bancario y tengan trazabilidad. Así se acabarían las coimas y aportes ilegales pagados con dinero físico.

4-Quitar a las corporaciones públicas la tarea de elegir los responsables de las entidades de control, poniendo fin a la complicidad entre estas y los gobernantes torcidos.

La reforma política que nos están embutiendo, además de atentar contra la democracia, solo considera intereses del gobierno y sus aliados. Por eso sus contenidos principales son: A) Autorizar el ‘transfuguismo’ o cambio de partido a conveniencia del respectivo congresista, lo que les permitirá asumir la deslealtad a los principios como regla de juego. B)
Adoptar listas electorales cerradas para que vuelvan a imperar el bolígrafo y las roscas partidistas. C) Ampliar el período de los elegidos para extender por mayor tiempo los beneficios capturados. D) Imponer el voto obligatorio para que esa inmensa mayoría que no ha podido entender el sentido del sufragio, se entregue a quien mejor lo paga. E) Permitir que los congresistas puedan ser ministros. Así será posible intercambiar pedazos del poder Ejecutivo por los votos de las bancadas respectivas.

El proyecto de reforma está en línea con nuestra peor tradición legislativa. Aquí llaman a los abogados del hampa para que asesoren la reforma del Código Penal y a los ratones del Congreso para que establezcan la manera de cuidar el patrimonio colectivo.

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