A prueba de fuego

Hace apenas unos días, Cali conmemoraba 489 años de fundación. Una fecha para celebrar nuestra historia y diversidad. Cali históricamente ha sido siempre un lugar de llegada, un refugio para quienes buscan nuevas oportunidades. Esa apertura nos ha convertido en una ciudad-región plural y resiliente. Pero esa misma condición, que ha sido un gran motor, hoy también nos pone en jaque.

La migración hacia Cali y el Valle del Cauca ha traído vitalidad y dinamismo, pero en un contexto de indiferencia estatal y desigualdades históricas también ha generado enormes presiones sociales. El problema es que el Valle no es un territorio cualquiera: a solo dos horas de Buenaventura y conectado con varios departamentos, es hoy un corredor estratégico para el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y las economías criminales. Por eso, lo que ocurre aquí no es fortuito: Cali y el Valle son epicentro de la disputa de disidencias, guerrillas y de estructuras armadas que han encontrado en este territorio una plataforma para expandir su poder.

En lo que va corrido del año, ha habido cuatro atentados y el pasado 21 de agosto lo confirmó con crudeza: un carro bomba explotó frente a la Escuela Marco Fidel Suárez, dejando seis muertos y más de 71 heridos. Colombia amaneció de luto, la guerra no se ha ido. En Antioquia, un helicóptero de la Policía fue derribado con trece uniformados muertos; en Bogotá, el asesinato del exsenador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay nos recordó que la democracia no está a salvo.

En ese orden, muchos pueden señalar a los gobiernos locales y regionales, responsabilizándolos de lo que ocurre. Sin embargo, sería un error reducir la tragedia a una cuestión de alcaldes o gobernadores. Mientras se continúe desmoralizando a la Fuerza Pública, secuestrándolos, reduciendo la inversión y prendiendo fuego al país con un lenguaje que divide, no habrá estrategia local que sea suficiente. El esfuerzo, carácter y trabajo que le han puesto Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro a lo que sucede en la región demuestran altura, conocimiento e ímpetu, pero, ningún mandatario local, por más voluntad que tenga, puede enfrentar en soledad un fenómeno que tiene raíces nacionales.

Colombia necesita recuperar el control del territorio. El Estado debe volver a estar presente en las montañas del Cauca, en las riberas del Valle y en los corredores del Pacífico. La violencia no distingue regiones ni colores políticos, su propósito es sembrar miedo y fragmentarnos. Por eso, la respuesta no puede ser solo indignación de ocasión o comunicados rutinarios de condolencia. Se necesita firmeza, coordinación y una política nacional de seguridad y desarrollo que no dependa de cálculos electorales ni de discursos incendiarios.

Cali refleja lo que ocurre en el país. Lo que aquí sucede no es un problema local, es un síntoma de una Colombia que está perdiendo terreno frente a la ilegalidad. No podemos normalizar el miedo ni aceptar que cada semana haya muertos.

La paz no será fruto de ingenuidad ni de retórica vacía; la paz se conquista no solo con diálogo sino con autoridad. La paz será resultado de decisiones valientes: recuperar el territorio, invertir en las regiones históricamente olvidadas y, sobre todo, asumir que la vida está por encima de cualquier ideología o causa. Los 489 años de Cali deberían servirnos para recordar “que somos parte de la solución, no del problema”.