¿Y qué viene ahora para Cataluña?

¿Qué pasará ahora con Cataluña? ¿Avanzará el independentismo? ¿Seguirá el distanciamiento entre el Gobierno regional y el Ejecutivo español? Esas son algunas de las preguntas que muchos se están haciendo tras conocer el resultado de las elecciones autonómicas celebradas esta semana en esa zona del territorio ibérico.

Lo primero que hay que aclarar es que si bien el movimiento independentista catalán vio reducido su respaldo popular, sí mantiene su fuerza y es un hecho que en el futuro Parlamento regional volverá a tener mayoría, lo que sin duda abre un nuevo período de dudas e incertidumbre sobre el futuro de Cataluña.

Como se sabe, tras un proceso de varios años, el secesionismo vivió su momento culminante el pasado 27 de octubre, cuando la Cámara autonómica aprobó una declaración de independencia, juzgada ilegal por el Tribunal Constitucional de España.

La respuesta del Gobierno español fue inmediata: ese mismo día, tras la autorización del Senado, destituyó a los miembros del Gabinete catalán, empezando por su presidente Carles Puigdemont, y disolvió el Parlamento autonómico, para convocar las elecciones que se realizaron el jueves.

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Planteadas por los tres partidos secesionistas -JxCat, ERC y CUP- como una especie de plebiscito en favor de la independencia, el reciente resultado les resulta favorable, puesto que en conjunto renuevan la mayoría absoluta en la Cámara regional, pero también arroja algunas sombras en ese sector.

Una es que por primera vez un partido no nacionalista ha ganado en Cataluña tanto en votos como en porcentaje: Ciudadanos, una fuerza de corte liberal y defensora de la unidad de España, que logró de esta manera un triunfo histórico.

Además, los independentistas redujeron el número de escaños (de 72 a 70) y el apoyo popular (baja un punto, hasta el 47,5 %), pero el secesionismo demostró que es sólido, a pesar de que hay brechas en los dos principales partidos y en la relación entre sus líderes.

Puigdemont, que dejó España poco después del 27 de octubre para instalarse en Bruselas, hizo una campaña basada en apelaciones al sentimiento y ante lo que consideró agravios del Gobierno ibérico.
En su particular guerra contra los aliados pero rivales de ERC, el expresidente regional se vio vencedor y la misma noche del jueves proclamó que “el Estado español ha sido derrotado (...) por la república catalana”.

Pero el futuro de Puigdemont no está claro, porque sobre él pesa una orden de detención por los delitos de rebelión y sedición por impulsar la secesión.Eso abre un nuevo frente más allá del político: el judicial, ya que hasta 17 diputados electos al Parlamento de Cataluña están procesados por la ola independentista y está por verse si se les permitirá asumir y ejercer en la Cámara.

La hipótesis de que no todos podrán estar presentes en el futuro Parlamento autonómico genera dudas y lo primero que tendrá que establecer el sector independentista es quién será el candidato al Gobierno catalán.

No será necesariamente Puigdemont, dados sus problemas judiciales, pero tampoco su rival de ERC Oriol Junqueras, que está en prisión provisional y que no podrá hacer valer que es la primera fuerza independentista, cuando hace unas semanas todas las encuestas le daban ganador.

Esa condición será sin duda para la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, nacida en Andalucía y cuyo partido representa el españolismo “sin complejos” frente a los secesionistas. Por lo pronto, ella ya afirmó que, pese a tener mayoría, el independentismo ya no tiene ni siquiera el apoyo de la mitad de la población, por lo que no cabe la vía unilateral que hasta ahora han seguido.

En esa estrategia los separatistas no han conseguido ningún respaldo internacional -Europa les ha rechazado abiertamente- y en cambio han generado mucha preocupación en el mundo empresarial, al punto que tres mil compañías dejaron Cataluña en las semanas más tensas del proceso secesionista.

Pero los resultados del jueves suponen también un problema para el Ejecutivo español de Mariano Rajoy. Su partido, el PP (centroderecha), ha pasado a ser el último en el Parlamento catalán y ha visto como Ciudadanos, que le disputa el electorado, se configura como alternativa.

Ello mientras los populares tienen que hacer ingeniería en el Congreso de los Diputados para sacar adelante sus grandes proyectos, en gran parte respaldados por Ciudadanos, socio pero rival, ahora más que nunca.

Según un informe de la BBC, es innegable que el independentismo catalán acaba de mostrar una gran fortaleza, pero el camino para formar Gobierno no está exento de dificultades.“Ahora lo siguiente es que se constituya el Parlamento y se conforme la mesa del órgano, para que a continuación los diputados elijan al presidente de la Generalitat”, dice el informe periodístico.

Pero aquello de que entre los independentistas elegidos se ubiquen siete diputados prófugos o presos por sus nexos con el proceso que derivó en la aplicación del Artículo 155 resulta bastante complejo, máxime que entre ellos se cuentan el propio Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras.

“Hay que estar muy atentos a lo que ocurre en la sesión constitutiva del Parlamento”, advirtió el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Xavier Arbós.

Según las leyes vigentes, que estén huyendo o en la cárcel no les impide tomar posesión, puesto que se puede hacer mediante un documento, pero lo que no pueden es delegar su voto.

“Por eso la importancia de que puedan estar físicamente en la sesión constitutiva del Parlamento, para poder influir sobre la composición de la mesa”, dice, Arbós, ya que esta podría tratar de cambiar la reglamentación para que ellos sí puedan delegar el voto, lo cual resultaría clave para que la supremacía que los independentistas obtuvieron en las urnas se pueda concretar en el Gobierno autonómico.

Lo cierto es que el candidato a presidente sí debe acudir físicamente al Parlamento y ofrecer un discurso antes de que se le vote y tanto Junqueras como Puigdemont -que en cuanto pise España será detenido y puesto en prisión preventiva ante el riesgo de fuga- deberían pedir un permiso especial a la justicia para poder cumplir con dicho requisito.

Claro que ya hay un antecedente al respecto: a mediados de los 80, un preso se presentó a presidente del Parlamento vasco, Juan Karlos Ioldi, pese a estar confinado, a la espera de ser juzgado por su vinculación con ETA.

Tal vez premonitorio, aquel no resultó electo. Y el riesgo de Puigdemont en ese sentido es que ni ERC ni CUP se han mostrado dispuestos a apoyarlo para que ocupe dicho cargo, tal vez por la radicalidad de su proceder.

Y, para completar el confuso panorama, pese a que puedan formar Gobierno, el triunfo de Ciudadanos y el que los constitucionalistas obtuvieran mayor número de votos evidencian que en Cataluña no hay tampoco una marcada mayoría que apoye la independencia de la Madre Patria.

El viernes, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ofreció al nuevo Ejecutivo catalán abrir un proceso de diálogo siempre dentro de la Constitución.

6 de febrero: Hasta ese día se podrá celebrar el debate de investidura del candidato que se presente.

De no ser escogido con mayoría absoluta en primera votación (68 votos), bastaría con una mayoría simple (más Sí que No) en una segunda votación dos días después.

7 de abril:
Si las votaciones no fructificaran, se podría presentar otro candidato hasta este día. De no prosperar, el Gobierno central podría intervenir y convocar nuevas elecciones.

Como se sabe, buena parte de lo que pase en el futuro inmediato en Cataluña depende de lo que suceda con Carles Puigdemont.

La jefa de campaña del expresidente de la Generalitat y diputada de JxCat, Elsa Artadi, dijo este sábado que no se plantea ningún otro candidato alternativo a ser investido presidente que su propio líder, como cabeza de la lista más votada entre las fuerzas independentistas.

A su vez, el abogado Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, aseguró a una emisora de radio que su cliente “está dispuesto a volver”, pero debe valorar “si puede hacer más trabajo dentro o fuera” de Cataluña, una “decisión política que deberá tomar en los próximos días”.

Artadi admitió que existen incógnitas sobre si Puigdemont podría ser investido presidente desde el extranjero: “No nos podemos precipitar ahora. Contemplamos todos los escenarios”.

Está por ver qué decisiones adoptará el juez Llarena respecto a los diputados electos que están en prisión y a los cinco investigados que están en Bruselas si deciden volver.

Su eventual ausencia en una votación de investidura rebajaría la mayoría secesionista en la Cámara autonómica, por lo que una medida sería que los investigados renunciarán a su condición de diputados y dieran paso a los siguientes de sus candidaturas que estuvieran libres de problemas con la Justicia.