Migración en América se reconfigura; este es el nuevo escenario, según analistas

Las medidas migratorias del presidente Donald Trump han puesto en duda el apelativo de ‘sueño americano’ con el que históricamente millones de personas han dejado sus países en busca de otra vida en los predios del Tío Sam.

Las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ocurridas a plena luz del día en contra de personas bajo la presunción de un estado migratorio no regulado, así como las posteriores deportaciones a Centroamérica, han tenido un efecto casi inmediato en las dinámicas migratorias.

Conocido como ‘contraflujo migratorio’, este fenómeno ha puesto en evidencia cómo se ha reconfigurado el continente en lo que va del año, especialmente para aquellos que, luego de ser expulsados de los Estados Unidos, ahora buscan un lugar donde rehacer sus vidas.

Pero, ¿cuál ha sido la respuesta a las políticas migratorias de la nueva administración de Trump en otros países del continente?

Luego de negociaciones entre el Secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, y presidentes de algunas naciones de Centroamérica (en una breve gira que ese funcionario hizo en febrero del año pasado) han salido a la luz acuerdos para recibir a personas deportadas cuyos países de origen se niegan a aceptar de vuelta.

Uno de los casos más representativos es el del gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, quien anunció que ofreció el Centro de Confinamiento al Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida para recluir a integrantes de las principales bandas criminales del país, como lugar para la población expulsada.

Este trato habría sido sellado después de pactar 20.000 dólares al año por cabeza.

“La tarifa sería relativamente baja para los Estados Unidos, pero significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”, dijo entonces el Presidente de la nación centroamericana.

Para María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, este caso resulta especialmente importante, debido al trato que han recibido los inmigrantes en ese escenario y lo que eso supone para sus vidas.

“El Salvador ha sido uno de los socios principales en materia de externacionalización de control y judicialización migratoria”, dice, antes de añadir que organizaciones como Human Rights Watch han documentado sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos de dichos inmigrantes en el Cecot.

Frente a la forma en la que ha sido asumida la crisis humanitaria detrás de la migración moderna, Mario Urueña, profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, apunta un elemento clave: lo que conlleva que muchos de estas personas sean llamadas migrantes y no refugiadas, pese a que no en pocos casos quienes deciden partir de sus países de origen lo hacen motivadas por los altos niveles de riesgo para sus vidas.

“Con Donald Trump a la cabeza y su promesa de campaña, lo que hay es un ejercicio de criminalización de la migración”, asegura.

Según él, el cambio de este concepto se debe al uso excesivo con el que muchas personas acudieron al estatuto de refugiado, aun cuando no contaban con las condiciones para ello.

“Se ha cambiado, semánticamente, la figura de asilo o refugio a la de simple migración, para poder realizar las deportaciones más fácilmente”, dice el docente.

El Salvador no ha sido el único en recibir inmigrantes expulsados de Washington: Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Panamá también empezaron a recibir vuelos provenientes de los Estados Unidos con cientos de personas en su interior.

Esto último terminó configurando otro de los cambios en materia migratoria en el continente americano, pues algunos de estos países, que antes eran considerados de ‘tránsito’ por parte de personas en su camino al Norte, ahora se han convertido en un destino de permanencia.

Según Lucas Gómez, quien fue gerente de Fronteras en el gobierno de Iván Duque (2018-2022) y hoy hace parte de Tent Partnership for Refugees, una entidad que ayuda a inmigrantes a integrarse económicamente en sus nuevos lugares de residencia, esto supone un gran desafío en la actualidad.

“Por ejemplo, Costa Rica era un país de tránsito para la gran mayoría de las nacionalidades, pero vemos que hoy en día el número de inmigrantes venezolanos ha aumentado considerablemente, porque no pudieron llegar a los Estados Unidos y están buscando que este sea su país de acogida. México también es uno de los países en los que está aumentando el número de población en busca de oportunidades laborales”, señala.

Por otro lado, María Clara Robayo explica que en Sudamérica también han hecho eco la narrativa de la Casa Blanca que prioriza la seguridad interna de las naciones a los que acuden inmigrantes, un hecho que tiene repercusiones en la agenda política.

“Vivimos en un periodo de varias campañas electorales. Hemos visto con preocupación que, en casos como el de Chile, el asunto migratorio estuvo muy presente en todos los discursos de los candidatos a la Presidencia”, asegura.

En el país austral, por lo pronto, crece la incertidumbre entre la población inmigrante que, pese a llevar tiempos prolongados en ese territorio, todavía no han definido su estado en esa nación.

El presidente José Antonio Kast ordenó esta semana frenar la regularización de 182.000 inmigrantes, que había sido impulsada por su predecesor, Gabriel Boric.

Además anunció que presentará al Congreso chileno dos proyectos de ley contra el ingreso de indocumentados.

En el país austral viven unos 337.000 extranjeros ilegales, en su mayoría venezolanos, aunque también hay haitianos, peruanos y colombianos que no tienen sus documentos al día.

Son estas vidas las que podrían cambiar radicalmente, pues el ultraderechista apuntaló su campaña en perseguir a los indocumentados hasta expulsarlos, e impedir su ingreso con un muro y militares en la frontera.

Para el experto en derecho internacional, este tipo de medidas pueden no ser efectivas en el largo plazo: “Al principio estas soluciones de ‘mano dura’ parecen exitosas, pero en el largo plazo, por las violaciones a los derechos humanos terminan produciendo estallidos sociales, de alguna manera”.

Algunas de estas demostraciones por parte de ciudadanía se han empezado a ver en algunas de las calles de las principales calles norteamericanas, en donde ciudadanos de este país han salido a mostrar su apoyo por los latinos que han sido perseguidos y deportados.

La migración en Colombia

Según Lucas Gómez, Colombia es uno de los países más importantes para los Estados Unidos en esta materia, debido a la ayuda que ha recibido históricamente en términos de cooperación internacional.

“En lo que respecta a la crisis migratoria venezolana, a nivel global Colombia ha sido el mayor receptor de recursos por parte de los Estados Unidos”, dice, y añade que la relación de Colombia con las políticas migratorias de Trump tiene dos aristas importantes a considerar:

Los inmigrantes colombianos que han sido deportados desde territorio norteamericano, un hecho que ha generado choques entre ambos gobiernos, y la migración proveniente de Venezuela, en cuyo caso Colombia juega un rol importante como ‘tercer país’ -similar a lo que podrían ser aquellos que han aceptado recibir inmigrantes en Centroamérica-.

Gómez explica que, frente a lo que ha sido el tratamiento a los inmigrantes, el país se distingue de algunos de sus vecinos, puesto que, por la proximidad a Venezuela, el alto flujo de migración en la última década ha permitido la instauración de políticas que han ayudado a esta comunidad.

Entre ellos, el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes, creado en el gobierno de Iván Duque y que permitió la regularización de 2.306.810 personas hasta agosto del 2025, según la Cancillería de Colombia.

Sin embargo, el experto llama la atención acerca de la falta de políticas públicas en el gobierno de Gustavo Petro: “el gran desafío es que no existe un mecanismo regulatorio abierto en este momento que permita que esas personas que ingresan puedan instalarse en Colombia de manera regular”.

Frente a la situación en materia migratoria en Colombia en la actualidad, la investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario opina que, debido a la experiencia adquirida con procesos migrantes al interior del territorio, el país ha vivido un “despertar migratorio”:

“Pasó de ser un país que emigraba y no recibía migración a ser uno de los que tiene mayores índices de recepción migratoria. Esto ha hecho que Colombia haya desarrollado una política migratoria reconocida a nivel internacional, enfocada sobre todo en migrantes con vocación de permanencia”.

Sin embargo, coincide con Lucas Gómez acerca de la falta de certeza ante lo que ocurre actualmente:

“No sabemos qué pasó desde el 2021 para acá ni tampoco los verdaderos efectos dentro de este marco de la ‘migración inversa’. Carecemos de políticas públicas, al igual que otros países de la región”.

Por su parte, Mario Urueña dice que cuando se considera a la migración desde un lugar de procedencia distinto de Venezuela, la conclusión es otra:

“Generalmente Colombia se consolida como un país de tránsito y no tanto como uno receptor”, indica, y trae a colación el Tapón del Darién, el lugar que durante los últimos años miles de personas utilizaron para llegar a otros países.

Ante el escenario a futuro de esta redistribución migratoria en el continente, la analista María Clara Robayo prevé que la política de contención de Donald Trump seguirá manteniéndose en lo que le resta de su mandato, con consecuencias inmediatas en toda la región.

Y añade que ya se están dando las primeras muestras de esta influencia: “En espacios multilaterales ya no se habla del tema migratorio (...) Esos espacios multilaterales de concertación regional para pensar y coordinar respuestas ante la migración se han visto gravemente afectados hoy”.