Los delitos de lesa humanidad en Venezuela que reveló informe de la ONU

“La Misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron los siguientes crímenes de lesa humanidad en el período que se examina: asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos o graves daños al cuerpo o a la salud mental o física”.
​Así lo reveló la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, perteneciente a la ONU, en un el exhaustivo informe de 443 páginas, que presentó el pasado 16 de septiembre, tras investigar 223 casos, 48 de ellos en profundidad.

Entre las técnicas de tortura que se documentan están las golpizas; asfixia con bolsas de plástico, sustancias tóxicas o agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; amenazas de muerte, de violación contra la víctima y/o sus familiares; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para inducir a la confesión; tortura psicológica, incluida la privación sensorial, la iluminación constante y el frío extremo.

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Los expertos constataron que las principales personas a quién se dirigieron los abusos eran a menudo críticos del Gobierno, con un alto perfil público o personas que lograron reconocimiento o eran percibidas como una amenaza debido a sus acciones.

Entre las víctimas se encuentran, principalmente, activistas sociales y dirigentes políticos que lideraban protestas, figuras de la oposición y disidentes militares acusados de conspiración golpista o de otro tipo.

En los casos investigados por el organismo de la ONU, varias personas detenidas fueron víctimas de estos actos crueles por parte de las agencias de inteligencia Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar).

Las detenciones tuvieron lugar en diversas circunstancias: en el domicilio de la persona detenida, en lugares públicos o mientras las personas detenidas conducían por la carretera.

“En varios casos el SEBIN fabricó evidencias, entre otras cosas, colocando pruebas falsas a las víctimas, especialmente armas de fuego, y/o distorsionando los resultados de los allanamientos de casas o automóviles”, dice el informe.

En siete casos investigados, agentes del Sebin perpetraron actos de violencia sexual o de género contra las personas detenidas en un intento de obtener confesiones o información que implicara a otros, o de degradarlos, humillarlos o castigarlos.

“Algunos de estos actos provocaron lesiones físicas graves y/o permanentes. Esto incluyó la pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductivas, abortos, sangre en la orina y costillas rotas”, explica el documento.

En tres casos investigados, la Dgcim perpetró actos de violencia sexual o de género contra los militares detenidos durante los interrogatorios “para degradarlos, humillarlos o castigarlos”.

“Los funcionarios/as de ambos sexos de la Dgcim sometieron a las personas a desnudez forzada, a veces durante días. Los custodios masculinos amenazaron con violar a los detenidos con objetos punzantes, principalmente palos y bates, y en un caso violaron a un detenido. Se administraban descargas eléctricas y golpes, incluso en los testículos”.

En relación con las protestas, dice la Misión que en los casos investigados fueron detenidas 403 personas. De ellas, 312 fueron acusadas de un delito durante la comparecencia inicial. En 66 casos, el juez ordenó que las personas continuarán en prisión preventiva.

“El examen de los casos por parte de la Misión no reveló una base para la presunción razonable de riesgo de fuga u obstrucción de la investigación, como se requiere para mantener las medidas de detención”.

Afirman los investigadores que en algunos casos las acusaciones se basaron en evidencia que las fuerzas de seguridad pusieron o fabricaron. “Esos actos incluyeron la falsificación de informes policiales o la toma de fotografías de manifestantes posando junto a cócteles molotov”.

Uno de los testigos consultados por los investigadores, que trabajó durante más de diez años en los servicios de inteligencia de Venezuela, afirmó que algunas veces “hubo intervenciones contra estudiantes, pero no había mérito para hacerlo, por lo que [la GNB] tuvo que plantar información”.

“Las personas permanecieron en detención entre tres días y casi tres años. En casi todos los casos examinados, se negó a las personas detenidas el contacto con sus familias o abogados/as antes de las comparecencias iniciales ante el tribunal. Los detenidos fueron recluidos junto con otras numerosas personas que habían sido arrestadas en el contexto de las protestas y que experimentaron situaciones similares a las descritas en los casos investigados”.

Los hallazgos también dejan al descubierto el papel activo del poder judicial venezolano en las detenciones arbitrarias para asegurar la impunidad de los abusos.

En el informe se hacen 65 recomendaciones detalladas sobre las medidas que deben tomarse para abordar las violaciones y crímenes documentados, incluidos los factores estructurales que contribuyen a las violaciones.

La Misión recomienda que Venezuela lleve a cabo “investigaciones efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones de derechos humanos y los crímenes descritos en el informe, haciendo que los responsables rindan cuentas de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y estándares, y brindando justicia a las víctimas”.

También presenta recomendaciones a la comunidad internacional, incluyendo que los Estados consideren la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables por las violaciones y los delitos señalados en el informe, de conformidad con su legislación interna pertinente.

La Misión está constituida por tres expertos independientes y realiza sus operaciones desde Panamá, dado que el Gobierno venezolano no les dio acceso al país.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó de “bodrio” el informe de la ONU y dijo enviará un reporte paralelo de derechos humanos al secretario general de la organización.

”Es un documento que es un bodrio desde el punto de vista técnico, científico, a la luz de los derechos humanos universales. Es un bodrio insustentable”, señaló el Mandatario.

La misión “no es independiente”, sostuvo Maduro, sino “una comisión dependiente del Grupo de Lima, dependiente de Mike Pompeo”, jefe de la diplomacia de Estados Unidos, país que emprende una campaña internacional para impulsar su salida del poder.

Desde el Palacio presidencial de Miraflores, el Gobernante mostró un reporte sobre los derechos humanos en Venezuela recibido de manos del fiscal general, paralelo al presentado por la ONU que está “plagado de falsedades”, según él.

Instruyó a su canciller Jorge Arreaza para enviar una copia del “tremendo” informe “a más tardar el lunes” al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

El Presidente dijo “aspirar en los próximos días” reunirse por videoconferencia con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

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