Detenidas 5 personas por fallas de seguridad en la presa que se rompió en Brasil

Al menos cinco personas fueron detenidas este martes por las autoridades en Brasil acusadas de alterar los documentos técnicos de fiscalización de la seguridad de la presa de una mina cuya ruptura  ocasionó la tragedia que ya suma 65 muertos y 279 desaparecidos, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con las autoridades, dos de ellos -detenidos en Sao Paulo- son ingenieros que no trabajaban directamente con la compañía minera Vale sino para una subsidiaria de la alemana TÜV SÜD, cuyos servicios habían sido contratados por la brasileña.

Los otros tres detenidos sí eran empleados directos de Vale y fueron arrestados en la ciudad de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais (sureste), estado en el que se registró la tragedia.

Los sospechosos fueron detenidos de manera temporal, por espacio de 30 días, mientras las autoridades adelantan las indagaciones que corroboren las sospechas de fraude en los informes de seguridad.

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De acuerdo con la jueza federal de la localidad de Brumadinho, Perla Saliba Brito, la detención de los implicados era "imprescindible" para las investigaciones.

Según la autoridad judicial, los documentos indagados demuestran la existencia de indicios de autoría o participación de los representados en falsedad ideológica, crímenes ambientales y homicidios, "crímenes estos castigados con penas de reclusión".

Además de las órdenes de captura, expedidas por la Justicia regional de Minas Gerais, las autoridades también adelantaron siete allanamientos en empresas contratadas por la Vale y residencias de personas vinculadas con la compañía minera.

"Hicimos allanamientos en la casa de los dos ingenieros que trabajan con la compañía tercerizada y recolectamos documentos que serán analizados en Minas Gerais", lugar a donde serán trasladados los ingenieros en las próximas horas, aseguró a la prensa el comisario de Policía Civil Nico Gonçalves, responsable por las detenciones.

De acuerdo con Gonçalves, en los allanamientos que adelantaron las autoridades en la casa de los ingenieros y en la compañía donde trabajaban incautaron documentos, celulares y computadores.

La empresa alemana TÜV SÜD, con sede en Múnich y filiales en varios países del mundo, entre ellos Brasil, es una reguladora técnica de seguridad en instalaciones industriales.

A raíz de los hechos, la filial de la compañía en Brasil lamentó este martes la tragedia ocurrida en Bramadinho y, en un comunicado, confirmó haber realizado una revisión periódica de la represa de Vale en julio de 2018 y una inspección regular de seguridad de la misma en septiembre.

En la nota divulgada, la compañía señaló que debido a las investigaciones en curso no hará más pronunciamientos y que proporcionará toda la información que sea requerida por las autoridades.

El objetivo de los allanamientos realizados por las autoridades es buscar la documentación técnica que atestiguó la seguridad de la presa que se rompió y corroborar si esta fue alterada.

El operativo está en manos de los agentes de la Fiscalía y de la Policía regional y nacional.

El viernes pasado, una de las represas del gigante minero Vale ubicada en una mina de hierro en jurisdicción de Brumadinho, municipio de Minas Gerais, se rompió y un río con residuos minerales y lodo sepultó las instalaciones de la propia empresa y diversas viviendas en áreas rurales.

La tragedia se suma a la catástrofe ocurrida hace tres años cuando en el municipio de Mariana, también en Minas Gerais, ocurrió el derrumbe de un dique de la empresa Samarco, de la que Vale posee el 50 %, que provocó la muerte de 19 personas y el mayor desastre medioambiental de la historia de Brasil.

Por la tragedia, la empresa minera Vale, la mayor comercializadora de hierro del mundo, ha recibido dos multas: una del Instituto Brasileño de Medio Ambiente de 67,5 millones de dólares y otra del Gobierno de Minas Gerais de 26,7 millones de dólares.

Además, desde el viernes la Justicia ha bloqueado un total de 3180 millones de dólares de las cuentas de la compañía para garantizar el pago de las indemnizaciones a las víctimas y las reparaciones ambientales y de los daños provocados.

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