Confesiones de sobornos apuntan a exdirector Hazim en el mayor escándalo de corrupción de SeNaSa en República Dominicana

La Operación Cobra, la mayor pesquisa judicial contra la corrupción administrativa en la República Dominicana de los últimos años, dio un giro decisivo tras confesiones de sobornos durante una audiencia judicial.

Tres de los imputados admitieron ante el juez Rigoberto Sena que pagaron pagos ilícitos a altos funcionarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), incluyendo a su exdirector Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, como parte de un esquema que habría desviado miles de millones de pesos del Estado dominicano.

Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, confirmó que los acusados no solo admitieron su participación en los hechos, sino que también aportaron pruebas en apoyo de la investigación del Ministerio Público.

Según los fiscales, las confesiones consolidan la hipótesis de que los sobornos ascendieron a más de 2,000 millones de pesos, destinados a influir en decisiones y adjudicaciones dentro de SeNaSa.

El entramado de presunta corrupción, que ha sido descrito por las autoridades como sistemático y sofisticado, involucra a un grupo de al menos diez personas arrestadas en el marco de la Operación Cobra, entre exfuncionarios, ejecutivos y empresarios.

Además de Hazim, figuran nombres como Germán Rafael Robles Quiñones, consultor jurídico de SeNaSa, y otros implicados vinculados a maniobras de contratación irregular, lavado de activos y uso de documentos falsos.

El Ministerio Público solicitó al tribunal que el caso sea declarado de tramitación compleja y que se imponga 18 meses de prisión preventiva para los acusados, entre ellos Hazim, debido a la gravedad de los hechos, la pluralidad de víctimas y la magnitud del daño al sistema de salud dominicano, que cubre a más de siete millones de ciudadanos.

Las declaraciones ante el juez, en las que los imputados reconocieron haber efectuado sobornos, representan un punto de inflexión en el proceso judicial y podrían facilitar la identificación de los beneficiarios de estos pagos y la reconstrucción del flujo de recursos desviados.

La Fiscalía confía en que la robustez de las pruebas presentadas, incluyendo testimonios, documentos y peritajes, sostendrá la acusación y contribuirá a sancionar a todos los responsables.

El caso despierta la atención pública no solo por la dimensión económica del presunto desfalco, sino también por su impacto en la confianza ciudadana hacia una institución que administra recursos esenciales para la salud.

Las próximas decisiones del tribunal sobre las medidas de coerción y la continuidad de la investigación marcarán los pasos siguientes de un proceso que busca establecer responsabilidades claras y fortalecer la lucha contra la corrupción en el país.