Sicarios contratados en Medellín y uso de drones: lo que reveló la audiencia contra el Frente 33 de las disidencias en el Catatumbo

En una audiencia que llamó la atención por su formato, la Fiscalía imputó cargos a tres jefes del Frente 33 de las disidencias de las Farc que se conectaron de manera virtual desde zona selvática del Catatumbo.

Durante más de dos horas, el ente acusador expuso un recuento detallado de hechos que, según la investigación, muestran cómo esa estructura armada asesinó líderes sociales, desplazó comunidades y reclutó a menores en medio de la confrontación con el ELN.

En la diligencia se habló de 37 homicidios, 34 desplazamientos forzados y 31 casos de reclutamiento de niños, a quienes, según la Fiscalía, entrenaban con armas de largo y corto alcance para integrarlos a la guerra.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presunta contratación de sicarios en Medellín para ejecutar al menos dos asesinatos en zona rural de Tibú. De acuerdo con el expediente, estas acciones habrían sido coordinadas por alias Richard, señalado cabecilla financiero del grupo.

Un procurador especial explicó que los primeros movimientos armados se registraron el 4 de enero del año pasado con el ingreso de combatientes del ELN provenientes de Arauca y Venezuela hacia el municipio de El Zulia.

Sin embargo, un informe de la Defensoría del Pueblo ubica el punto crítico el 16 de enero, tras el asesinato de una familia en zona rural, hecho que el ELN atribuyó al Frente 33 y que desató una ofensiva en municipios como Teorama, Convención, San Calixto y Hacarí.

La respuesta del Frente 33, según la investigación, se dio al día siguiente con una serie de acciones que incluyeron retenciones ilegales y asesinatos selectivos. Entre los casos documentados está el de Pedro María Ropero, líder comunal y vinculado al programa de sustitución de cultivos ilícitos, quien fue sacado de su vivienda y posteriormente asesinado.

En las semanas siguientes se registraron otros homicidios en Guamalito, Tibú y Ocaña. El expediente también detalla el crimen de José Agustín Sánchez, ocurrido el 14 de febrero, que habría sido ejecutado por sicarios llegados desde Medellín. Días después, los mismos hombres estarían implicados en el asesinato de una comerciante en La Gabarra.

La Fiscalía incluyó además el secuestro y posterior asesinato de tres hombres cuyos videos circularon entre la comunidad, y el ataque con un dron cargado con explosivos contra la vivienda de un campesino de 73 años, quien murió días después por la gravedad de las heridas.

Según el ente acusador, estas acciones no fueron aisladas, sino parte de una estrategia para consolidar control territorial. La investigación también señala el reclutamiento de menores, varios de los cuales fueron recuperados por la Fuerza Pública y puestos bajo protección del ICBF.

Los imputados, alias Richard, alias Jhon Mechas y alias Andrey, no aceptaron los cargos. Durante la audiencia, uno de ellos afirmó haber sido víctima del conflicto desde su niñez. Tras su intervención, se desconectaron de la diligencia.