Procuraduría formula cargos a exalcalde de Bugalagrande por presunto nombramiento irregular en hospital público

La Procuraduría General de la Nación impuso cargos al exalcalde de Bugalagrande, Valle del Cauca, Julio César Rojas Trujillo (2020–2023), por presuntas irregularidades en el nombramiento del jefe de la Oficina de Control Interno del Hospital San Bernabé ESE.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, el entonces mandatario habría designado en ese cargo a Yesid Zorrilla Bolaños, quien, al parecer, no cumplía con los requisitos académicos y reglamentarios exigidos para ejercer esa función dentro de la entidad hospitalaria.

El ente de control indicó que el funcionario nombrado, presuntamente, no contaba con los estudios requeridos para aplicar al manual de funciones y competencias laborales, instrumento que establece los perfiles, responsabilidades y exigencias técnicas para cada cargo en la administración pública. Esta situación, según el Ministerio Público, habría sido pasada por alto por el exmandatario al momento de efectuar la designación.

En el pliego de cargos se señala que Rojas Trujillo aparentemente omitió su deber funcional de verificar previamente el cumplimiento de los requisitos reglamentarios antes de proceder con el nombramiento. Dicha omisión, subraya la Procuraduría, podría vulnerar los principios que rigen la función administrativa, tales como la moralidad, la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio del poder público.

El órgano de control calificó de manera provisional la conducta como falta grave cometida a título de culpa grave. Esto significa que, según el análisis preliminar, el exalcalde habría incurrido en una actuación con negligencia significativa en el cumplimiento de sus deberes legales, aunque sin que necesariamente medie intención dolosa.

El proceso disciplinario se encuentra en etapa de juzgamiento, lo que implica que el exmandatario tendrá la oportunidad de presentar descargos, solicitar y aportar pruebas, y ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso. Será la Procuraduría la que, tras evaluar el material probatorio, determine si hay lugar a una eventual sanción disciplinaria.

Este caso se suma a otros procesos que el Ministerio Público adelanta en distintas regiones del país relacionados con presuntas irregularidades en la provisión de cargos públicos, especialmente en entidades del sector salud, donde los controles internos cumplen un papel clave en la vigilancia de la gestión administrativa y financiera.

La decisión de formular pliego de cargos no constituye una sanción definitiva, sino un acto procesal mediante el cual se comunican formalmente las presuntas faltas y se da apertura a la etapa de defensa dentro del proceso disciplinario.