ONU alerta por muerte de 7 menores en bombardeo en Guaviare por ataque contra disidencias de ‘Mordisco’

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos ha manifestado su grave preocupación por la muerte de siete menores de edad durante un bombardeo militar en el departamento del Guaviare, en una operación contra las disidencias de las FARC comandadas por alias Iván Mordisco.

La entidad aseguró que los grupos armados ilegales “son responsables de exponer a alto riesgo a la niñez y de utilizarla como escudo humano”. Además, instó a las Fuerzas Militares a adoptar todas las precauciones posibles en sus operaciones de inteligencia para evitar la muerte de niños y niñas que han sido víctima de reclutamiento.

La ONU también envió un mensaje para el Estado colombiano de desplegar acciones más contundentes para prevenir el reclutamiento de menores por parte de organizaciones armadas no estatales.

En su pronunciamiento, recordó que instrumentos legales internacionales, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño del año 2000 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 2002, prohíben explícitamente el uso de menores en conflictos armados.

Los siete adolescentes fallecidos fueron identificados por la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal. Las entidades informaron que Medicina Legal recibió 20 cuerpos tras el bombardeo ocurrido el 10 de noviembre, y confirmaron que entre ellos había menores de edad.

Ante las críticas, el presidente Gustavo Petro asumió su responsabilidad y defendió la operación. Aseguró que tomó una “decisión riesgosa” con el fin de proteger a un pelotón de 20 soldados que, según él, podría haber sido emboscado.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que los menores abatidos no eran civiles, sino combatientes ilegales, argumentando que “lo que da el estatus de combatiente no es la edad, sino la función que cumplen dentro de una organización criminal”.

En su explicación, el Ministerio de Defensa defendió que el operativo se realizó con “riguroso apego” al Derecho Internacional Humanitario (DIH), citando los principios de precaución, proporcionalidad, distinción, humanidad y necesidad militar.

Según la cartera, la acción permitió neutralizar a 26 integrantes de la estructura criminal, recuperar con vida a tres adolescentes, evacuar a otros miembros sometidos y brindar primeros auxilios a un herido.

La ONU, sin embargo, alertó que aunque los menores hubieran sido reclutados, siguen gozando de “protección reforzada” según lo establece el derecho internacional, por lo que cualquier operación debe diseñarse teniendo en cuenta su vulnerabilidad.